PP y Vox comparten una idea sobre la universidad: cuantos más centros haya, más libertad de elección. Si gobiernan tras el 29N, esa idea puede pasar del programa electoral a la norma que rige en toda España.
La cuenta de partida: 29 privadas aprobadas por gobiernos del PP
Los programas de PP y Vox parten de esa lógica, y los números muestran el rumbo: de las 49 universidades privadas autorizadas hoy en España, 29 han recibido el visto bueno de gobiernos autonómicos del PP, el 59,2% del total, según los datos que recoge infoLibre.
Madrid es el caso más visible. Allí conviven 14 universidades privadas frente a seis públicas tras 31 años de gobiernos del PP. En Andalucía el salto es más reciente: hasta 2023 solo existía un centro privado y entre 2023 y 2024 se autorizaron cuatro, que ahora conviven con las diez universidades públicas de la comunidad.
La pauta se repite. En Galicia fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien abrió la puerta a la primera universidad privada. En Extremadura y Baleares se han autorizado los primeros centros de este tipo en 2025 y 2026, en ambos casos con PP y Vox en el poder.
Para Enrique Javier Díez Gutiérrez, doctor en Ciencias de la Educación, el fondo del asunto es otro. 'Lo que quieren instaurar es una España S. A.', resume este experto, que describe un modelo en el que el Estado actúa solo como regulador de empresas que compiten por captar alumnos. Un modelo que los críticos describen como una privatización de facto del sistema.
El mapa universitario ya cambió sin necesidad de una ley estatal: bastó con que cada comunidad fuera autorizando centros privados uno por uno.
La llave no la tienen las comunidades, sino el Gobierno central
Aquí viene el detalle que decide la partida. Las comunidades autorizan cada centro, pero el Ejecutivo central fija los requisitos mínimos que todos deben cumplir. Subirlos o bajarlos cambia el panorama entero.
La norma vigente es el Real Decreto 640/2021. Exige un mínimo de diez grados, seis másteres y dos doctorados repartidos en al menos tres ramas de conocimiento, destinar el 5% del presupuesto a investigación y que la mitad del profesorado de grado y máster tenga el título de doctor.
El Gobierno intentó endurecerlo con el Real Decreto 905/2025. La reforma pedía 4.500 alumnos matriculados en seis años, tres doctorados en lugar de dos, un 2% de fondos externos para investigación y un informe previo vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca). Un dictamen desfavorable impedía seguir y obligaba a esperar dos años.
El Tribunal Supremo anuló ese decreto porque no debía haberse aprobado por la vía de urgencia. El Ministerio ha presentado otro proyecto, todavía en trámite de audiencia pública, que por calendario no estará listo antes de las elecciones del 29 de noviembre.
Traducido: el listón que decidirá cuántas universidades privadas pueden abrirse en los próximos años lo va a fijar el Gobierno que salga de las urnas. No el que está ahora en funciones.
El precedente que explica por qué el listón importa más esta vez
No es la primera vez que el mapa universitario se mueve por una decisión política. Madrid lleva tres décadas construyendo un sistema con más privadas que públicas y Andalucía ha replicado el patrón en apenas dos años. Quienes defienden este rumbo sostienen que ampliar la oferta da más opciones a las familias y que la competencia entre centros mejora la calidad.
Del otro lado están los informes de la Conferencia General de Política Universitaria, el órgano en el que se sientan Gobierno y comunidades. Sus dictámenes no son vinculantes, así que ha habido centros que salieron adelante con informes negativos. Los críticos avisan de que la universidad pública pierde peso relativo y de que la educación acaba tratada como un bien de consumo.
'Hay que decidir si defendemos una educación concebida como un derecho universal o si avanzamos hacia un sistema mercantilizado', plantea Díez. Es la disyuntiva que, según su lectura, se dirime también el 29N.
El calendario deja poco margen para la certeza. Mientras el nuevo real decreto sigue en audiencia pública, las comunidades continúan resolviendo solicitudes con el listón del 640/2021. Lo que salga de las urnas determinará si ese mínimo se queda igual, sube o se convierte en un trámite casi automático.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: PP y Vox llegan al 29N con la idea de que más centros equivale a más libertad. De las 49 universidades privadas de España, 29 las aprobaron gobiernos del PP.
- Por qué te importa: El próximo Gobierno fija los requisitos mínimos para abrir una privada. De ese listón depende la oferta de plazas y el peso de la universidad pública.
- A quién afecta: A los estudiantes que van a entrar en la universidad, a las familias que pagan la matrícula y al profesorado de los centros públicos y privados.
- Hacia dónde vamos: El nuevo real decreto sigue en audiencia pública y no se aprobará antes del 29N. Lo decidirá el Ejecutivo que salga de las urnas.



