Los sindicatos sanitarios quieren cambiar la fórmula con la que se miden las listas de espera en la sanidad pública. Reclaman que el contador arranque en la consulta del médico de Familia y no en el quirófano, porque el tiempo que tarda un paciente en ser diagnosticado también es espera.
¿Qué piden exactamente los sindicatos sanitarios?
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) lo resume en una idea: los datos deben ser transparentes y responder a criterios idénticos en todas las comunidades autónomas. Su secretario general, Víctor Pedrera, señala la falta de homogeneidad como el problema de fondo. La demanda de criterios comunes recorre todo el sector sanitario.
En Comisiones Obreras ponen deberes concretos: saber cuántas personas llevan más de seis meses esperando, en qué especialidades se concentran las demoras y qué ocurre en cada centro. El sindicato advierte de que una media aparentemente aceptable puede esconder situaciones preocupantes. De ahí su exigencia de una metodología única para todo el país.
El ejemplo que maneja CCOO resulta fácil de reconocer para cualquier paciente. Primero pasan días hasta conseguir cita con el médico de Familia; después, meses para ver a un especialista; más tarde, otra espera para una prueba diagnóstica. Cada tramo se mide por separado, cuando se mide. Nadie calcula el tiempo total hasta la atención.
Paloma Repila, portavoz del Sindicato de Enfermería (Satse), apunta al punto que más incomoda. Cuando se habla de listas de espera, la cabeza se va a las quirúrgicas, pero las de primeras consultas son la puerta de entrada al sistema. Sin esa puerta abierta, sostiene, todo lo demás es una ficción.
Detrás de cada media oficial hay esperas encadenadas que ningún registro suma: consulta, especialista y prueba diagnóstica se contabilizan por separado.
La secretaria de Salud de UGT, Begoña Ballel, coloca la transparencia en el terreno de la rendición de cuentas. A su juicio, los datos no solo permiten evaluar las políticas sanitarias: también sirven para exigir responsabilidades a las administraciones.
¿A quién afecta y por qué se habla de maquillaje?
Afecta a millones de pacientes del Sistema Nacional de Salud, que consultan estadísticas sin ver reflejado su recorrido completo. El debate se traslada de la cirugía a la consulta y pone el foco en la Atención Primaria.
Para el ciudadano, el problema no es solo la duración. Es la ausencia de un dato que sume todas las etapas. La mayoría de los afectados desconoce cuánto tiempo pasa realmente entre el primer síntoma y el diagnóstico.
CCOO vincula las demoras a la falta de personal y a la incapacidad de muchos centros para responder a toda la demanda asistencial. Los profesionales llevan años trabajando con agendas sobrecargadas, señalan, y hay un límite a lo que pueden asumir. CCOO sostiene que la información no reduce por sí sola las esperas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) añade la vía de los recursos: sin más inversión, la previsión de reducir las listas es nula, advierten. En la misma dirección apunta Ballel, que reclama empleo público estructural, más infraestructuras, tiempos máximos de respuesta y financiación suficiente. Queda camino.
El precedente: un registro común que quedó en suspenso
El Ministerio de Sanidad llegó a mover ficha. El departamento de Mónica García diseñó un proyecto para homogeneizar los registros de espera. La propuesta incluía auditar por primera vez la Medicina de Familia y también los tiempos de salud mental, dos áreas que quedaban fuera de las estadísticas habituales sobre demoras.
Además, el texto fijaba que el contador empezara a correr desde el momento en que existe una indicación médica, prohibía las listas paralelas y mantenía el control sobre los pacientes derivados a la sanidad concertada. Todo con una fórmula única y criterios homogéneos para las comunidades autónomas.
El Consejo Interterritorial del SNS no alcanzó un acuerdo entre el Ministerio y las consejerías autonómicas, y el adelanto electoral dejó la propuesta en suspenso. Ese órgano es el espacio de coordinación entre el Estado y las comunidades en materia sanitaria.
Satse reclama consenso y acuerdo en ese foro para desbloquear la situación. Cualquier avance pasa por recuperar una negociación que hoy está parada. El consenso sigue pendiente.
En la práctica, el ciudadano seguirá sin saber cuánto tardará en tener un diagnóstico mientras los registros no se unifiquen. Las comunidades mantienen, por ahora, sus propios sistemas de medición. Cambiar eso exige acuerdo político y recursos, según coinciden los sindicatos.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: Los sindicatos piden medir el tiempo total hasta el diagnóstico, no solo hasta la cirugía.
- 👥 Quiénes son los afectados: Millones de pacientes del Sistema Nacional de Salud que aguardan consulta, prueba o tratamiento.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Un registro común daría datos comparables entre comunidades y permitiría exigir responsabilidades.



