Alquiler social de la Sareb: la entidad estatal cobra por encima del tope legal en Torremolinos

La entidad de mayoría estatal reclama rentas a familias vulnerables por encima del umbral fijado para los colectivos con ingresos bajos. El caso de Málaga pone el foco en si la política de vivienda se cumple cuando el dueño es el propio Estado.

El alquiler social de la Sareb en Torremolinos supera el tope de precio que fija el propio Gobierno.

La sociedad de mayoría estatal, propietaria de un edificio en este municipio de Málaga, reclama a familias vulnerables rentas por encima del umbral máximo previsto para los colectivos con ingresos bajos o en riesgo de exclusión. Lo ha desvelado ABC este jueves.

El asunto es más incómodo de lo que parece. La Sareb es a la vez un gran tenedor obligado a cumplir los límites de precio y una de las herramientas con las que el Ejecutivo dice ampliar el parque de alquiler asequible. La entidad pública cobra por encima de su propio marco legal.

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Vamos por partes. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria nació en 2012 para absorber los inmuebles tóxicos de las entidades rescatadas. Hoy es de mayoría estatal y sigue siendo uno de los mayores propietarios de ladrillo del país.

Qué es exactamente lo que se está superando en Málaga

Los topes no son orientativos. La ley de vivienda aprobada en 2023 introdujo dos mecanismos: el control de precios en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado y un límite a la subida anual de los contratos vigentes, actualizado cada año con un índice oficial.

La norma también define quién es gran tenedor: quien suma más de diez inmuebles urbanos, un umbral que baja a cinco en esas áreas tensionadas. La Sareb encaja de sobra. El problema es otro: los topes a los nuevos contratos solo se activan si la comunidad declara la zona tensionada. La norma existe, pero su aplicación depende del mapa.

Quien fija el tope, quien lo supera y quien lo paga dependen, en este caso, de la misma administración.

A quién afecta y por qué no es solo un problema de Málaga

A las familias que viven en ese edificio, para empezar. Son hogares con rentas bajas o en riesgo de exclusión, y la distancia entre lo que se les reclama y el tope se mide en euros cada mes.

Pero el caso trasciende el municipio. La Sareb tiene presencia en toda España y su parque se ha convertido en pieza clave del discurso oficial sobre vivienda pública. Si la entidad que debe abaratar el alquiler lo encarece, el mensaje se resquebraja. El caso cuestiona la coherencia de toda la política de vivienda.

Conviene separar dos cosas: lo publicado afecta a un edificio concreto de un municipio concreto, así que no permite concluir que sea una práctica generalizada. Lo que sí evidencia es una tensión de diseño, porque la Sareb acumula dos mandatos que chocan: maximizar el valor de sus activos y ofrecer rentas asequibles.

De los pisos del rescate bancario al alquiler asequible

No es la primera vez que la Sareb queda en el centro del debate. Se creó en 2012, con el rescate bancario todavía reciente, para sacar del balance de las cajas los ladrillos que nadie quería. Desde entonces ha vendido carteras a fondos y ha cedido viviendas a comunidades y ayuntamientos para alquiler social.

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El Ejecutivo, además, ha presentado la Sareb como palanca de su política de vivienda: en 2023 anunció un plan para movilizar decenas de miles de sus inmuebles hacia el alquiler asequible, y ese mismo año salió adelante la ley que fija los topes ahora desbordados. La distancia entre el anuncio y la práctica es lo que mide el caso.

Las lecturas del episodio son distintas. Quienes defienden la norma subrayan que los topes funcionan donde se aplican y que el cuello de botella está en las comunidades que no declaran zonas tensionadas. Quienes la critican sostienen que el control de precios no se respeta ni cuando el propietario es el propio Estado.

Los próximos pasos pasan por saber si la Sareb revisa esas cuantías, alcanza un acuerdo con los inquilinos o mantiene su posición. También por la letra pequeña: cuántas viviendas de la entidad están alquiladas por encima del umbral en otros municipios sin que nadie lo haya publicado. La transparencia sobre ese parque es la pieza que falta.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: La Sareb, de mayoría estatal, reclama alquileres sociales en un edificio de Torremolinos por encima de los topes que fija el Gobierno, según ABC.
  • Por qué te importa: El Estado fija el límite y controla la sociedad que lo supera. Si el tope falla en su propio parque, la política de vivienda pierde fuerza.
  • A quién afecta: Familias con rentas bajas o en riesgo de exclusión que viven en pisos de la Sareb, y los inquilinos que negocian con grandes tenedores.
  • Hacia dónde vamos: Está por ver si la entidad revisa las cuantías o mantiene su posición. El debate sobre si es un caso aislado sigue abierto.
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