El programa electoral del PP incluye una reforma judicial que limita al Constitucional y cambia quién elige a los vocales del CGPJ.
Ese paquete viaja en el Programa de Reconstrucción Nacional, el documento con el que el partido de Alberto Núñez Feijóo concurrirá a las próximas elecciones generales. Según avanza El Mundo, el texto revisa las reglas que rigen la cúpula judicial y fiscal, desde el tribunal de garantías hasta los nombramientos del Supremo.
Hay tres bloques: el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía. Los tres comparten una misma lógica. Reducir el margen de decisión política en cada eslabón.
Qué cambia en el CGPJ y en el Constitucional
En el órgano de gobierno de los jueces, los populares se comprometen a que los jueces de todas las categorías elijan a los doce vocales de procedencia judicial. Hoy esos doce nombres salen del Parlamento. La propuesta añade una incompatibilidad: no podrá ser vocal quien haya ocupado un cargo político en los cinco años anteriores a su elección.
Para el Tribunal Constitucional, el programa promete legislar para que ningún candidato haya tenido cargo político en el lustro previo. El texto cita dos casos: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia Laura Díez.
Se ampliarán además las causas de abstención y recusación de los magistrados: 'Ningún magistrado participará en la decisión sobre la constitucionalidad de una norma en cuya elaboración o impulso haya participado desde el Gobierno o la Administración', recoge el documento.
Doce de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces pasarían a elegirse en los tribunales y no en el Congreso y el Senado.
Del Supremo a la Fiscalía: menos margen para los dedazos
Para el Tribunal Supremo, el PP propone cubrir las plazas por concurso reglado de méritos, un procedimiento con criterios públicos y resoluciones motivadas. Exige los 20 años de antigüedad en la carrera que ya marca la ley, pero sin contar el tiempo en servicios especiales por cargos políticos. El objetivo, dice el programa, es reducir la discrecionalidad en los nombramientos de la alta magistratura.
Los jueces y fiscales que hayan ocupado responsabilidades políticas no podrán volver a juzgar ni a ejercer la acusación hasta cinco años después de su cese. En la cúpula fiscal, el Consejo Fiscal ganaría peso: su respaldo sería necesario para los nombramientos y ascensos.
El nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal incluye un mandato único de cinco años para el fiscal general y su no cese con el Gobierno que lo nombró, una recomendación de la Comisión Europea que el PP asume. El CGPJ tendría un informe vinculante sobre su idoneidad, no solo preceptivo. Y el fiscal general dejará el cargo de forma inmediata y automática si es procesado.
El precedente de Rajoy y el pulso jurídico que viene
Hay precedente. En la etapa de Mariano Rajoy, el PP prometió con mayoría absoluta cambiar el sistema de elección del CGPJ para dar protagonismo a los jueces y después no lo llevó a cabo. El programa no concreta plazos ni el vehículo legal de cada medida.
Cambiar la elección de los vocales exige tocar la ley orgánica que desarrolla el artículo 122 de la Constitución, y por tanto una mayoría parlamentaria que el partido tendría que negociar. Las reformas del Constitucional tocan su ley orgánica, la misma que fija el alcance del recurso de amparo que el PP quiere limitar.
El diagnóstico de partida es el choque entre el Supremo y el Constitucional durante la última legislatura, con el caso ERE, la amnistía y los nombramientos de la cúpula fiscal como episodios de mayor tensión. El PP presenta sus medidas como un blindaje de la independencia judicial. Su aplicación, sin embargo, depende de los votos: el programa es la hoja de ruta, pero cada punto necesita una ley y una mayoría.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El PP ha incluido en su programa electoral una reforma judicial que limita el Tribunal Constitucional y cambia la elección del CGPJ.
- Por qué te importa: Modifica quién elige y controla a los jueces que revisan las leyes y deciden sobre derechos.
- A quién afecta: A jueces, fiscales y vocales del CGPJ y del Constitucional; de rebote, a cualquier ciudadano que acuda a los tribunales.
- Hacia dónde vamos: Cada medida necesita una ley orgánica y una mayoría en las Cortes, así que su futuro depende del resultado electoral.




