Solo 91 de los 163.020 nietos con el voto suspendido han acreditado su derecho en el exterior. El Tribunal Supremo da cinco días a dos ministros para entregar la lista completa.
El dato que lo cambia todo: 91 certificados de 31.390 expedientes
El dato llegó al Supremo el 21 de octubre, en dos informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y uno del INE: 31.390 expedientes revisados y solo 91 certificados expedidos por los registros consulares. En porcentaje, el 0,3%.
Ese papel es la llave del voto. El certificado lo expide el encargado del registro consular y acredita que el solicitante nació fuera de España, que su padre, madre, abuelo o abuela fue español de origen y que ese ascendiente sufrió exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual e identidad de género.
También exige que ese familiar haya perdido o renunciado a la nacionalidad española. Quien no tiene el certificado, no vota. La vía sale de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, en su disposición adicional octava.
La inscripción en el CERA, el censo de españoles residentes ausentes, ya no basta. Desde que el Supremo suspendió el voto de los descendientes acogidos a la ley de nietos, cada uno de los 163.020 afectados tiene que demostrar su caso uno a uno. El Constitucional rechazó el recurso y mantuvo la suspensión.
Cinco días, 1.000 euros de multa y el aviso penal
Dos autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con ponencia del magistrado Antonio Narváez, exigen a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, la relación nominal de los 163.020 afectados. El plazo vence a las 15:00 del 28 de octubre de 2026.
La suspensión del voto deja a 163.020 personas a la espera de una lista que el Supremo reclama y la Administración no ha entregado.
El auto no se queda en el apercibimiento. Si la lista no llega, el Supremo podrá imponer una multa coercitiva de 1.000 euros a cada ministro y reiterarla hasta que se cumpla. También abre la puerta a deducir testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que corresponda. Los dos son aforados: cualquier causa acabaría en la Sala de lo Penal.
Hay una tercera orden en los autos: la Oficina del Censo Electoral deberá advertir por escrito a todos los inscritos en el CERA de que figurar en la lista no equivale a poder votar. El tribunal califica de 'incomprensible' que no se le haya entregado la relación nominal cuando el Abogado del Estado dio la cifra exacta de afectados.
El Gobierno responde que trabaja contrarreloj. Bolaños aseguró que su departamento remitió el 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral 'toda la documentación y todos los nombres que tenemos', procedente del Registro Civil digitalizado. La Sala, en cambio, sostiene que la Administración conoce la identidad de esos electores uno a uno porque ha tramitado sus expedientes.
Un pulso con precedente y una fecha límite
Todo esto tiene un precedente inmediato en el propio expediente. En septiembre, el Supremo suspendió el voto de los nietos y ordenó la relación nominal; el Constitucional rechazó el recurso y mantuvo la suspensión; mes y medio después, la lista sigue sin llegar.
Hay dos lecturas. Para el tribunal, sin ese listado el censo no responde a los principios de transparencia y objetividad que exige un proceso electoral, y la inacción administrativa puede acabar dejando sin voto a quien tiene derecho a él.
Para el Ejecutivo, cruzar los expedientes del Registro Civil con el CERA en semanas es una tarea técnica que no admite atajos, y sostiene que ya ha entregado lo que tiene. En medio queda una voz discrepante: la magistrada Alicia Millán firmó un voto particular contra la suspensión desde el primer momento.
El calendario manda. El 28 de octubre a las 15:00 se agota el plazo; después, el Supremo podrá multar, reiterar o abrir la vía penal. Las elecciones generales son el 29 de noviembre y los 163.020 afectados siguen sin saber si su papeleta contará.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El Supremo exige a Bolaños y Albares la lista de los 163.020 nietos con el voto suspendido antes del 28 de octubre.
- Por qué te importa: Solo 91 de esos 163.020, el 0,3%, han logrado el certificado consular que permite votar el 29-N.
- A quién afecta: A los descendientes nacionalizados por la ley de nietos inscritos en el CERA y a los consulados que tramitan sus papeles.
- Hacia dónde vamos: Si la lista no llega, el Supremo puede multar con 1.000 euros a cada ministro y abrir la vía penal.
