Francia se enfrenta a una de las crisis sociales más severas bajo la administración de Emmanuel Macron, tras la rápida escalada de unas protestas estudiantiles iniciadas a principios de octubre que han derivado en un estallido a nivel nacional. La convergencia de movilizaciones de diversos sectores desembocó este sábado en una jornada de extrema tensión, caracterizada por incendios de edificios, saqueos y violentos choques con las fuerzas de seguridad, lo que ha llevado al Ejecutivo a decretar toques de queda parciales en varias localidades.
Los disturbios han dejado un saldo importante y un país conmocionado. Hasta el momento, el balance provisional reporta el fallecimiento de una persona por paro cardíaco, cerca de 2.400 detenciones y unos 600 policías, gendarmes y bomberos heridos. A nivel económico, el impacto es devastador: la Federación del Comercio y de la Distribución calcula pérdidas que podrían alcanzar los cientos de millones de euros tras el saqueo de aproximadamente 1.500 establecimientos.
Vamos a continuación cuáles son los motivos y reivindicaciones.
3La crisis del campo: rentas agrícolas y competencia desleal
El campo francés llega a octubre con las cuentas rotas por un efecto tijera: precios que bajan y costes que suben. El litro de leche se paga en torno a 400 euros por 1.000 litros, frente a un coste de producción estimado en 482, y desde la primavera los ganaderos han perdido entre 50 y 60 euros por cada 1.000 litros. La sequía de este año, con 35 departamentos afectados, añade otros 60 euros por 1.000 litros en compra de forrajes, con pérdidas de pastos que la federación nacional de productores de leche sitúa entre el 50% y el 60%, muy por encima del 30-40% que reconoce el índice calculado por satélite. El Estado ha movilizado 1.500 millones de euros frente a la sequía, una cifra que la profesión considera insuficiente. Solidarité paysans advertía a finales de septiembre de que más de 30.000 explotaciones podrían desaparecer en el plazo de un año y de que las desigualdades de renta dentro del sector no dejan de crecer.
El otro agravio es lo que el sector llama competencia desleal. El acuerdo UE-Mercosur, firmado el 17 de enero en Asunción y que Bruselas decidió aplicar de forma provisional en octubre pese al 'no' francés —Macron habló de «mala sorpresa»—, abre contingentes de carne de vacuno, aves y azúcar producidos con normas que los agricultores consideran más laxas; la cláusula de salvaguardia solo se activa con subidas de importaciones del 5%. A eso se suman el CETA y la supertransposición francesa en pesticidas, que prohíbe en casa lo que se importa tratado fuera: la Coordinación Rural reclama «cláusulas espejo sin excepción» y etiquetado de origen. La futura PAC, que los sindicatos calculan que perderá un quinto de su presupuesto, y una ley Egalim que no se aplica —de cada 100 euros de alimentación solo 8 llegan al productor, un 25% menos en veinte años, frente a 40 para la distribución— completan el cuadro. Con ese malestar, el campo se sumó el 17 de octubre a la protesta contra el coste de la vida.
