Francia se enfrenta a una de las crisis sociales más severas bajo la administración de Emmanuel Macron, tras la rápida escalada de unas protestas estudiantiles iniciadas a principios de octubre que han derivado en un estallido a nivel nacional. La convergencia de movilizaciones de diversos sectores desembocó este sábado en una jornada de extrema tensión, caracterizada por incendios de edificios, saqueos y violentos choques con las fuerzas de seguridad, lo que ha llevado al Ejecutivo a decretar toques de queda parciales en varias localidades.
Los disturbios han dejado un saldo importante y un país conmocionado. Hasta el momento, el balance provisional reporta el fallecimiento de una persona por paro cardíaco, cerca de 2.400 detenciones y unos 600 policías, gendarmes y bomberos heridos. A nivel económico, el impacto es devastador: la Federación del Comercio y de la Distribución calcula pérdidas que podrían alcanzar los cientos de millones de euros tras el saqueo de aproximadamente 1.500 establecimientos.
Vamos a continuación cuáles son los motivos y reivindicaciones.
4El pulso por la transición ecológica: demandas climáticas y rechazo a los impuestos verdes
El movimiento climático no acudió a las protestas de octubre como invitado tardío, sino como uno de los convocantes. La coalición que el 15 de septiembre se concentró ante Bercy bajo el lema 'stop a la austeridad climática' —53 organizaciones, desde France Nature Environnement y Greenpeace hasta el sindicato de bomberos voluntarios o el de enfermeros— trasladó sus exigencias al presupuesto de 2027: recuperar los 2.500 millones de euros del Fonds vert de 2024 (frente a los 1.000 previstos), gravar a las empresas de combustibles fósiles y crear un impuesto climático sobre las grandes fortunas con el que calculan recaudar entre 15.000 y 25.000 millones anuales. Lo hacían tras un verano que cifran en 7.300 muertes y 117.000 hectáreas quemadas, y los organizadores de la marcha del 26 de septiembre —255 movilizaciones en 90 departamentos— llamaron después a confluir con los 'chalecos amarillos' en la jornada del 17 de octubre.
Ahí está la fricción del bloque: la etiqueta 'impuesto verde' une y divide a la vez. Los chalecos amarillos nacieron en noviembre de 2018 contra la subida de la fiscalidad del carburante, y en 2026 el detonante vuelve a ser la gasolina, encarecida desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. El proyecto de presupuesto endurece el malus al CO₂ —el umbral de activación baja de 108 a 103 gramos por kilómetro y el techo pasa de 80.000 a 90.000 euros—, y en la Asamblea Nacional ya se han registrado enmiendas para congelar ese baremo, defendidas con el argumento de que golpea a artesanos, taxis y transportistas sin alternativa al coche en el medio rural. Los ecologistas replican que el esfuerzo debe recaer sobre el patrimonio y los grandes contaminantes, no sobre el consumo, mientras las ventajas fiscales contrarias al clima se estiman, según la Cour des comptes y el Institut pour le climat, por encima de los 19.000 millones de euros.
