El plan de vivienda del PP no dará resultados a corto plazo. Lo ha admitido su propio autor: Alberto Núñez Feijóo.
Lo dijo este miércoles en un acto de precampaña en Sevilla, ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. 'Vamos a pasar algunos años difíciles', admitió, antes de explicar el motivo: mientras se pone el suelo, se levantan los edificios, se construye, se ejecuta y se entrega, pasa el tiempo.
Qué ha anunciado y por qué no depende solo de él
Feijóo presentó un 'plan nacional' de vivienda que implicará a 'todas las administraciones públicas' y que se cerrará en una conferencia de presidentes —la reunión entre el jefe del Ejecutivo y los líderes autonómicos— con un solo punto en el orden del día: ese plan. En esa cita se sentarían los presidentes autonómicos, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la alcaldesa de Jerez y el Gobierno.
El compromiso más inmediato es otro: tres leyes en los primeros 100 días si llega a La Moncloa. Serían la ley del suelo, la ley contra la ocupación y la reforma de la propiedad horizontal. A esas normas se suma la promesa que ya hizo el lunes: un millón de viviendas nuevas. El problema es que el Ejecutivo central no puede levantarlas por sí solo, porque el suelo y la ordenación urbana son competencia municipal y autonómica.
A quién afecta: del millón de pisos a la deducción al casero
Ahí está el nudo del asunto. El suelo y el urbanismo dependen de ayuntamientos y comunidades, de modo que cualquier plan estatal necesita la firma de administraciones que, en su mayoría, no gobierna el PP. Feijóo lo asumió al invitar a sumarse a 'todas las administraciones públicas, aunque haya pocas del PSOE' y al hablar de repartir 'las responsabilidades competenciales de cada uno'.
El plan estrella del PP necesita ayuntamientos y comunidades, y el propio candidato sitúa los primeros resultados en años, no en meses.
La otra pata del plan son las deducciones fiscales para propietarios que renueven el alquiler hasta tres años con subidas por debajo del IPC. Feijóo lo llamó 'un contrato fiscal'. El beneficio para el inquilino es indirecto y depende de que el casero acepte: la rebaja se notaría en el precio de la renta y, en función de sus ingresos, el inquilino también podría desgravar. No hay ayuda directa ni automática.
En el mismo acto, el líder del PP insistió en la ocupación. Sostuvo que la ley actual deja desprotegido a quien ha ahorrado toda su vida y paga una hipoteca, y defendió que el miedo a las ocupaciones reduce la oferta de alquiler y empuja los precios hacia arriba. 'El inquilino honrado paga la desconfianza que generan otros', resumió.
Las tres leyes ya tropezaron una vez
No es la primera vez que estas normas aparecen en el debate. Feijóo recordó que el Senado las aprobó, donde el PP ha tenido mayoría absoluta durante toda la legislatura, y que después no completaron su tramitación en el Congreso de los Diputados, algo que atribuye a una maniobra del Gobierno. Aprobar en la Cámara Alta no basta: un texto necesita el visto bueno de ambas cámaras para llegar al BOE.
El precedente sirve para medir el calendario. Una ley del suelo tarda meses en tramitarse, convive con la normativa autonómica y necesita después el desarrollo de cada ayuntamiento. De ahí que el propio Feijóo hable de años y no de meses. Queda por ver cómo se concreta el millón de viviendas —cuántas públicas, cuántas privadas, sobre qué suelo— y si la deducción al propietario mueve el precio del alquiler o solo el bolsillo del casero.
Según su planteamiento, el siguiente paso sería convocar esa conferencia de presidentes en la primera reunión del nuevo Gobierno y llevar allí el plan ya cerrado. Antes, el PP necesitaría sumar votos en el Congreso para sacar adelante las tres leyes. Ese es el calendario real: un millón de viviendas, sin fecha cerrada.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: Feijóo admite que su plan de vivienda no dará resultados a corto plazo y anuncia que lo pactará con comunidades y ayuntamientos.
- Por qué te importa: El propio Feijóo califica la vivienda como el primer problema del país, pero sitúa los resultados de su plan dentro de varios años.
- A quién afecta: A inquilinos y compradores, a los propietarios que alquilan y a los ayuntamientos y comunidades, que tienen las competencias de suelo.
- Hacia dónde vamos: Si el PP gobernara, convocaría una conferencia de presidentes y aprobaría tres leyes en 100 días; luego necesitaría votos en el Congreso.
