La Audiencia Provincial de Madrid ha desbloqueado los datos tributarios y de la Seguridad Social de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La UCO podrá cotejarlos con sus cuentas bancarias para investigar un supuesto soborno a un directivo de Quirón.
El auto estima el recurso que la Fiscalía presentó contra la decisión del juez instructor, Antonio Viejo, que había autorizado el acceso a la información bancaria pero no a la fiscal. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaba medio año esperando esa ampliación para poder cruzar pagos, impuestos y cotizaciones.
De las cuentas corrientes a los impuestos: qué autoriza el auto
Hasta ahora, la Guardia Civil podía mirar el banco. Con este auto puede añadir dos capas más: lo que González Amador y sus empresas declaran a Hacienda y lo que cotizan a la Seguridad Social. El tribunal considera que sin ese cruce la investigación queda a medias.
El razonamiento del auto es que 'resulta necesario cotejar la información bancaria con la información tributaria y de la Seguridad Social' de las personas físicas y jurídicas investigadas. Traducido: no solo sus cuentas personales, también las de sus sociedades, que es donde la Fiscalía sospecha que se movió el dinero.
La defensa no se opuso al recurso de la Fiscalía. El propio auto subraya que el empresario ha mostrado 'no sólo su conformidad sino incluso su interés' en que se recabe esa información para que la instrucción termine cuanto antes. Sin oposición de parte, el camino del tribunal era más corto.
El Ministerio Público había argumentado que acceder a los datos tributarios era 'mucho menos invasivo' que lo que el juez ya había autorizado. También sostuvo que no poder consultarlos 'dificulta enormemente' la investigación. Con este auto, esa laguna se cierra.
El instructor permitió mirar el banco; la Audiencia le corrige y suma Hacienda y Seguridad Social a la investigación.
Fraude fiscal y un supuesto soborno: las dos causas abiertas
Hay dos ramas en la investigación contra el comisionista sanitario. La primera, por fraude fiscal, está prácticamente cerrada: la Fiscalía y la Abogacía del Estado —en representación de Hacienda— piden hasta tres años y nueve meses de cárcel por 350.000 euros defraudados con facturas falsas por servicios no prestados. Ya hay procesamiento y juicio oral abierto, solo pendiente de que los tribunales pongan fecha.
La segunda es la que se ha movido esta semana. Los investigadores analizan si el empresario pagó medio millón de euros por una empresa sin actividad ni medios, propiedad de la esposa de Fernando Camino, un directivo del Grupo Quirón imputado hace dos semanas. La Fiscalía califica ese pago de 'soborno'. Camino está citado a declarar a principios de diciembre.
Ahí está el interés práctico del auto: el dinero que se investiga pasó por sociedades, no por nóminas. Sin los datos tributarios, la UCO solo veía movimientos bancarios sin saber cómo se habían declarado. Con ellos puede comparar la contabilidad real con la declarada, que es justo lo que la Fiscalía quiere cotejar.
Por qué este auto importa más allá de este caso
La causa llega hasta aquí después de una instrucción lenta. La UCO pidió acceso a toda la información financiera y el juzgado respondió medio año después con un sí parcial. Ese patrón, petición de la unidad de élite, respuesta recortada y recurso posterior, es habitual en causas de delitos económicos, donde cada base de datos exige una autorización distinta.
Aquí hay además una singularidad: la defensa del investigado comparte el interés en acelerar. Eso reduce el margen de conflicto procesal y desplaza el debate al terreno político. González Amador es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y cada avance judicial se lee en clave de desgaste. Conviene separar los planos: el auto no dice si hubo soborno, solo autoriza consultar los papeles necesarios para averiguarlo.
Los siguientes hitos están claros. La declaración de Fernando Camino, a principios de diciembre, será la primera cita relevante de esta rama. La causa por fraude fiscal espera señalamiento de juicio. Y la UCO afronta semanas de cotejo de datos fiscales, bancarios y de cotización antes de que la instrucción pueda dar otro paso.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Audiencia Provincial de Madrid estima el recurso de la Fiscalía y permite a la UCO consultar los datos tributarios y de la Seguridad Social del empresario y sus empresas.
- Por qué te importa: Es la pieza que faltaba para cruzar patrimonio, impuestos y cotizaciones en una causa que implica a la pareja de la presidenta de Madrid.
- A quién afecta: A González Amador y sus sociedades, al directivo de Quirón Fernando Camino y, en el plano político, al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- Hacia dónde vamos: Camino declara a principios de diciembre y la causa por fraude fiscal espera fecha de juicio.
