La amnistía de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa ya es efectiva. El Tribunal Supremo ha declarado extinguida su responsabilidad penal por malversación y les retira la inhabilitación que arrastraban hasta 2031.
Traducido: los cuatro pueden volver a presentarse a unas elecciones, ser nombrados consejeros o recuperar cualquier cargo público. La Sala de lo Penal, con Manuel Marchena como ponente, ha acatado el criterio del Tribunal Constitucional, pero lo ha hecho con un reproche durísimo al tribunal que le obligaba a cambiar de tesis.
La resolución declara extinguida la responsabilidad penal de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y traslada al Ministerio de Justicia la petición de que se borren sus antecedentes. Con eso se cierra la mayor parte de la causa que arrancó en 2017 con la querella de la Fiscalía por rebelión, después del 1-O y de la declaración unilateral de independencia.
Qué cambia en la práctica para los cuatro
Hasta ahora, la inhabilitación especial, la pena que veta ocupar cargos públicos, era el último muro. Las penas de cárcel quedaron neutralizadas por los indultos parciales de 2021 y por la reforma de los delitos de sedición y malversación, pero la inhabilitación seguía viva y les cerraba la puerta a un escaño, a una consejería o a una alcaldía. La amnistía tumba ese muro y les devuelve la elegibilidad.
El fallo también pide a Justicia que cancele sus antecedentes penales, un trámite que afecta a cualquier certificado oficial que tengan que presentar. A efectos penales, los cuatro quedan como si la condena por malversación no hubiera existido.
El reproche del Supremo al Constitucional
No hay diplomacia en el texto. Los magistrados reprochan al Constitucional lo que la resolución llama 'injerencia' en el 'ámbito jurisdiccional' que corresponde al Supremo, hablan de 'innecesaria grandilocuencia' y de 'consideraciones manifiestamente prescindibles'. Llegan a decir que esas expresiones buscan 'camuflar la intensidad de la injerencia'.
El Supremo acata la amnistía, pero deja por escrito que considera invasiva la sentencia que le obliga a aplicarla.
El texto subraya además que la decisión del Constitucional no fue unánime: un número significativo de magistrados respaldó la tesis del Supremo. Y añade que el tribunal de garantías se apartó de sus precedentes al interferir en el 'núcleo de la potestad de juzgar' y al no cumplir el 'deber de contención argumental'.
Hay un detalle que explica el enfado. En la negativa anterior a amnistiar la malversación hubo un voto en contra, el de la magistrada Ana Ferrer, frente al criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que ya avalaban perdonar ese delito. El Constitucional les acabó dando la razón, primero con el amparo de Dolors Bassa —ponente Cándido Conde-Pumpido— y después con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley.
De 13 años de cárcel a la amnistía: el recorrido completo
El precedente más claro es la trayectoria de esta misma causa. Las condenas de 2019 llegaron a los 13 años de prisión y se toparon con los indultos parciales de 2021; luego con la reforma del Código Penal que eliminó la sedición; después con una ley de amnistía que el Supremo interpretó de forma restrictiva; y finalmente con el Constitucional y con el TJUE. Cada paso llegó tras un pronunciamiento judicial y cerró la puerta anterior.
Quienes defienden la amnistía sostienen que la medida cierra judicialmente el conflicto y devuelve normalidad institucional a Cataluña. Quienes la critican, con el PP entre los recurrentes ante el TJUE, consideran que equipara malversación y desobediencia y que erosiona la separación de poderes. El texto del Supremo, con la palabra 'injerencia' como eje, refuerza ese segundo argumento.
Queda una pieza. El instructor Pablo Llarena ya levantó la orden de detención nacional sobre Carles Puigdemont, que puede volver a España sin ser arrestado, y ahora debe decidir si aplica el mismo criterio a la malversación que se le atribuye. Ese movimiento marcará el último tramo del caso.
Mientras tanto, la eliminación de antecedentes queda en manos de Justicia, un trámite administrativo. Lo demás —escaños, candidaturas, pactos— vuelve al terreno de la política.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Sala de lo Penal del Supremo extingue la responsabilidad penal por malversación de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa y pide borrar sus antecedentes.
- Por qué te importa: La amnistía deja de ser teoría: cuatro dirigentes condenados recuperan el derecho a presentarse a unas elecciones o a ocupar un cargo público.
- A quién afecta: A los cuatro amnistiados, a sus partidos y al sistema judicial, en pleno pulso entre el Supremo y el Constitucional.
- Hacia dónde vamos: Falta el trámite de Justicia para borrar los antecedentes y la decisión de Llarena sobre la malversación atribuida a Puigdemont.
