La amnistía del procés se extiende al frente contable: el Tribunal de Cuentas la aplica a 35 exaltos cargos

El máximo órgano fiscalizador extingue las responsabilidades contables de los encausados por el referéndum y la acción exterior. Queda pendiente que el Supremo aplique la medida a la cúpula del procés.

El Tribunal de Cuentas ha aplicado la amnistía del procés a los 35 exaltos cargos de la Generalitat encausados por la factura del 1-O. El máximo órgano fiscalizador ha declarado extinguidas las responsabilidades contables, así que no tendrán que responder por los millones del referéndum.

La resolución ha llegado este miércoles, tras meses de tiras y aflojas. El tribunal considera que los hechos entran de lleno en la ley: 'Resulta claro que están incluidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley los hechos que constituyen el objeto del presente procedimiento'.

Entre los encausados estaban el expresident Artur Mas, el expresident Carles Puigdemont y el exvicepresident Oriol Junqueras. La sentencia del 1-O impuso penas de prisión, pero no fijó la responsabilidad civil: el Supremo remitió el fallo al Tribunal de Cuentas para que calculase las cantidades a reclamar.

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La factura del 1-O que ya no se pagará

La lupa se puso sobre gastos concretos: la web de la consulta, el Registro de Residentes en el Exterior, el transporte del material electoral o las actividades de Diplocat. La factura total la situó Sociedad Civil Catalana en 4,97 millones de euros. La Fiscalía la rebajó a 3,09 millones.

Cuando entró en vigor la Ley de Amnistía, el órgano preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Luxemburgo fue claro: la amnistía no podía cubrir gastos hechos con fondos europeos.

Aquí no fue el caso. La Intervención de la Generalitat certificó que esos gastos no tenían financiación comunitaria. Con ese papel sobre la mesa, la sentencia concluye que 'procede declarar extinguidas las presuntas responsabilidades contables'.

Las cuentas del 1-O llevaban años abiertas en el Tribunal de Cuentas. La amnistía las cierra sin que nadie haya tenido que pagarlas.

El Supremo y el TJUE: lo que aún está pendiente

Este carpetazo es un paso, no el final. El Tribunal Supremo todavía no ha acatado la sentencia del Tribunal Constitucional, que hace una semana le ordenó declarar 'amnistiado' el 'delito de malversación de caudales públicos'.

El instructor del procés, el magistrado Pablo Llarena, y la Sala de lo Penal dieron cinco días a las partes. La amnistía no se ha aplicado a Puigdemont ni a Junqueras, tampoco a los exconsellers Lluís Puig, Toni Comín, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

La malversación ha sido el gran obstáculo para los líderes del procés. Los magistrados concluyeron que los hechos se escapaban del ámbito de la ley. Distinto es el caso de la desobediencia, ya considerada amnistiable en varias causas.

Un goteo de amnistías que ya supera el centenar

El caso del Tribunal de Cuentas no es un hecho aislado. También se ha extinguido la responsabilidad penal de Maties Serracant, exalcalde de Sabadell condenado por desobediencia, y la de ocho exmiembros de la Mesa del Parlament, como Anna Simó o Roger Torrent.

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Las cifras de Alerta Solidària dibujan el mismo patrón: 158 agentes y 189 activistas ya se han beneficiado de la amnistía. Otros 21 esperan respuesta. Es el caso de los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo: la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado.

El goteo contrasta con el ritmo del Supremo, que sigue sin aplicar la medida a la cúpula del procés. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha preguntado al TJUE por los casos de Josep María Jové y Lluís Salvadó. Faltan la decisión del Supremo y la respuesta europea.

📌 En claves: lo que debes saber

  • Qué ha pasado: El Tribunal de Cuentas aplica la amnistía a los 35 exaltos cargos de la Generalitat encausados por la factura del 1-O y la acción exterior del procés.
  • Por qué te importa: El órgano fiscalizador deja sin reclamar los millones del referéndum, cifrados en 4,97 millones por Sociedad Civil Catalana.
  • A quién afecta: A los 35 encausados, entre ellos Artur Mas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
  • Hacia dónde vamos: El Supremo aún debe acatar la sentencia del Constitucional sobre la malversación y Luxemburgo debe responder sobre los recursos catalanes.