El 7 de octubre, más de 50 vecinos de Llenguadoc 74, en Sant Andreu, afrontan el desalojo sin alternativa habitacional.
No es un desahucio: son tres. La primera sentencia llegó en enero y afecta al sobreático (el piso situado por encima del ático). La segunda, a los diez pisos abiertos en 2021. La tercera, hace poco más de un mes, a los seis ocupados en 2022 y a un local donde también vive gente. Las tres fijan la misma fecha: el miércoles 7 de octubre.
Los vecinos han intentado frenarlo por la vía judicial alegando la vulnerabilidad de buena parte de las familias. El juzgado no se ha pronunciado. Sin respuesta judicial, la única salida es parar el desalojo en la puerta.
Dentro viven más de cincuenta personas, entre ellas una decena de niños escolarizados en centros del barrio. Hay familias monomarentales migrantes y españolas, personas trans, refugiados políticos de Latinoamérica, Ucrania, y Rusia. Pilar tiene 77 años y vive con su nieta Noa y su bisnieto Adán. Rocío, con tres menores. Mel, con una adolescente.
Casi todas llegaron durante la pandemia, entre 2021 y 2022, después de intentos fallidos de alquilar. Kelly pasó por albergues de Cruz Roja y por habitaciones; logró un contrato y descubrió que el piso estaba ocupado y con fecha de desahucio. Acabó en el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu.
Llenguadoc 74 no es un bloque de okupas: es lo que queda cuando el alquiler, los servicios sociales y el juzgado fallan a la vez.
El certificado que no llega y la respuesta de Servicios Sociales
Las familias tienen el certificado de vulnerabilidad habitacional que emite la Oficina d'Habitatge del Ayuntamiento. El que firman los Servicios Sociales de Sant Andreu no lo ha recibido ninguna.
Rocío lleva semanas intentando sacar cita. 'Después de insistir logré una, porque dije que era para el banco de alimentos. Me la pusieron para el día 7, el día del desahucio, y la tuve que cambiar'.
'Para Servicios Sociales no basta ser vulnerable, tienes que parecerlo, la pornografía del dolor', resume Mel. Noa añade que si llamas y dices que es por Llenguadoc 74, te remiten a Habitatge.
Lo que piden es un alquiler social o, al menos, uno que puedan pagar. La respuesta que han recibido es que se marchen de la ciudad. A Kelly le advirtieron de que ocupar ilegalmente un piso podía costarle la custodia de sus hijos. 'Nos condenan a no tener vivienda y encima nos castigan', dice Mel.
De los panaderos al fondo que compró el edificio en 2025
Hasta mediados de la década pasada, el inmueble pertenecía al Sindicato de Panaderos de Barcelona y en sus veinte pisos vivían de alquiler familias de Sant Andreu. El giro llegó con la compra de Reale Seguros, filial española de Reale Group. Lo primero que hizo la aseguradora fue no renovar los contratos para que los inquilinos se marcharan. En 2018, el Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu denunció el acoso inmobiliario contra quienes resistían.
En 2017, un grupo afín al movimiento okupa entró en los pisos cerrados y el edificio pasó a llamarse 'Kan Segurata'. La propiedad respondió con un control de entrada permanente, con la contratación de Desokupa en 2019 y con su filial City Lock. Los pisos vacíos acabaron destrozados por dentro y con los accesos bloqueados con planchas de acero. En octubre de 2019, Desokupa se marchó tras semanas de presión vecinal.
La segunda fase llegó con la pandemia: entre 2021 y 2022 se recuperaron dieciséis viviendas y nació Madres en Resistencia, un grupo de apoyo mutuo formado por madres del bloque. En abril de 2025 la finca cambió de manos otra vez, a Thunder Optical Minur SL, administrada por César Germán Ariza. Dos meses después, seis encapuchados con porras extensibles entraron y agredieron a un vecino al que confundieron con el ocupante del sobreático.
Aquel episodio dejó audios. Uno de los agresores, que se identificó como Álex, amenazó con volver con cincuenta o ciento veinte personas 'con palos, bengalas y martillos'. Ariza negó al vecino haber enviado a los encapuchados, según el relato publicado por El Salto, y le ofreció pagar para que dejaran el edificio. La propuesta fue rechazada.
Lo que este desalojo dice del alquiler en Barcelona
La cronología de Llenguadoc 74 se repite en media ciudad: un propietario institucional compra, deja de renovar contratos, espera a que el edificio se vacíe y lo vende cuando el suelo vale más que las rentas. El bloque está a unos pasos de la avenida Meridiana, en un distrito que lleva años en pleno proceso de gentrificación. Lo distinto aquí es que las familias que ocuparon esos pisos no se han ido: han echado raíces y la administración no tiene dónde colocarlas.
Ahí está el nudo. Se exige un certificado de vulnerabilidad para activar cualquier solución habitacional, y ese papel lo firma un servicio social al que estas vecinas no consiguen llegar. La acreditación se convierte así en el obstáculo. Decirles que se marchen de la ciudad no es una solución: es reconocer que no la hay.
El 7 de octubre se sabrá si el desalojo se ejecuta o si se frena en la puerta con el apoyo de grupos de vivienda y asociaciones vecinales del barrio. También qué ocurre con una decena de niños que van al colegio a dos calles de su casa.
En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)
- 💸 ¿Qué ha cambiado? Tres sentencias fijan para el 7 de octubre el desalojo de más de 50 personas en Sant Andreu.
- 👥 ¿A quién afecta exactamente? Familias con niños, monomarentales y migrantes sin el certificado de vulnerabilidad de Servicios Sociales.
- ✅ ¿Qué puedes hacer al respecto? Contactar con los grupos de vivienda y las asociaciones vecinales de Sant Andreu que respaldan al bloque.
