España ha sido el único país de la Unión Europea que ha votado en contra de los centros de migrantes en terceros países. La norma salió adelante el pasado jueves en Luxemburgo, durante el Consejo de Ministros de Interior, con Bélgica e Irlanda abstenidas. El texto da cobertura legal a las deportaciones de personas en situación irregular y abre la puerta a instalar centros de retorno fuera de territorio europeo.
¿Qué ha aprobado la UE exactamente?
El nuevo reglamento de retorno —la norma comunitaria que fija cómo y cuándo se puede expulsar a alguien que está en situación irregular— recibió el respaldo de la práctica totalidad de los Estados miembros. Solo España votó en contra. Bélgica e Irlanda se abstuvieron; esta última, por la neutralidad que exige la presidencia rotatoria del Consejo.
La norma avala la apertura de centros de deportación en terceros países: instalaciones fuera de la UE donde se ubicaría a personas sobre las que ya pesa una decisión de expulsión. Según el comunicado oficial del Consejo, los convenios para abrir estos centros solo podrán cerrarse cuando respeten las normas internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución.
Ese principio, recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, impide expulsar a una persona hacia un territorio donde su vida, su libertad o su seguridad corran un peligro grave.
¿A quién afecta y cómo cambia la política migratoria europea?
La medida afecta de lleno a las personas migrantes en situación administrativa irregular que se encuentren en territorio europeo. También a los países dispuestos a albergar estos centros y a los Estados miembros, que tendrán que ajustar sus procedimientos de detención y expulsión. El texto ya es norma.
El Ministerio del Interior español ha detallado sus reservas en una declaración escrita. Son tres motivos. Señala la renuncia a un sistema verdaderamente europeo de retorno, las serias dudas jurídicas, de relaciones exteriores y operativas que plantean los centros, y la falta de proporcionalidad de determinadas medidas.
El Gobierno español sostiene que la norma no ofrece garantías suficientes ni para ordenar los retornos ni para proteger a las personas expulsadas.
En concreto, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska advierte de que el internamiento 'deja de ser una medida de último recurso'. El periodo de privación de libertad se amplía hasta 24 meses, con prórrogas que podrían ser indefinidas, y se prevén detenciones en cadena en distintos Estados miembros sin ningún límite temporal.
El ministro del Interior ha defendido la posición española y ha reclamado a sus socios más solidaridad 'operativa, financiera y política'. Según ha subrayado, ningún migrante llegado a Ceuta ha accedido después a otro país de la UE y el impacto para el resto de Estados miembros 'ha sido cero'.
Qué viene ahora y por qué importa
El texto llega en plena resaca de la crisis migratoria de Ceuta, que ha condicionado la posición española durante toda la negociación. España sostiene que el reglamento no recoge mecanismos específicos para responder a entradas masivas y tumultuosas en las fronteras exteriores, la situación que, a su juicio, quedó en evidencia con aquellos acontecimientos.
Hay más datos. Las rutas atlántica y del Mediterráneo occidental concentran el 17% de las llegadas irregulares a la UE, mientras que las de Ceuta representan apenas el 0,7% del total, según las cifras que maneja el ministro del Interior. Con esos números, el Gobierno defiende que su presión migratoria no se reparte de forma proporcional entre los socios.
Jim O'Callaghan, ministro irlandés del ramo, ha defendido la norma y ha asegurado que complementa el pacto migratorio y de asilo y que contribuirá a aplicarlo 'respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales'. Irlanda se abstuvo por su papel de presidencia rotatoria de la UE.
Queda por delante la publicación oficial del reglamento y su entrada en vigor, además de los convenios concretos con países terceros, que el Consejo condiciona al respeto de las normas internacionales de derechos humanos. El calendario no está cerrado. Será en esa fase cuando se compruebe si los límites fijados se cumplen en la práctica.
📌 El foco social: las claves
- 🔎 Qué es lo importante: La UE aprueba el reglamento que permite centros de deportación fuera de su territorio, con España como único voto en contra.
- 👥 Quiénes son los afectados: Las personas migrantes en situación irregular y los Estados miembros que apliquen los retornos.
- ➡️ Qué consecuencias puede traer: Más expulsiones y periodos de detención que podrán alargarse hasta 24 meses.
