El incendio de Riglos (Huesca) ha quemado ya más de 17.500 hectáreas y señala a las obras de la A-132. Ayuntamientos y vecinos llevaban meses avisando de ese riesgo en plena temporada de incendios. Ahora piden investigar al Gobierno de Aragón y reclaman saber qué se conocía antes de la primera chispa.
El fuego comenzó el 10 de agosto cerca de Santa María de la Peña, una zona donde se ejecutaban trabajos de la A-132. Obligó a desalojar a 1.046 personas de 19 localidades y dos campings. La Guardia Civil y el juzgado deberán determinar la causa exacta. La pregunta que recorre los municipios de los Mallos de Riglos es otra: ¿qué se sabía antes de que saltara la primera chispa?
Meses de avisos que nadie atendió
Según la documentación de ayuntamientos, empresarios y vecinos recogida por elDiario.es, las advertencias existen desde al menos noviembre de 2024. En abril de 2025, los alcaldes de Ayerbe, Las Peñas de Riglos, Murillo de Gállego, Bailo, Agüero, Biscarrués y Santa Eulalia de Gállego pidieron una reunión urgente para conocer la planificación de las obras. Ya entonces señalaron que los desvíos podían obligar a recorrer hasta 40 kilómetros extra y afectar a servicios públicos, empresas y retenes forestales. 'Llevamos meses advirtiendo de que cerrar esta carretera en verano era un riesgo innecesario', apunta Juan Torralba, alcalde de Las Peñas de Riglos.
En junio de 2025, el sector del turismo activo reclamó más comunicación sobre cortes y desvíos. En julio de 2026 la protesta se hizo visible. El 27 de julio estaba previsto un corte total de la A-132 entre el embalse de La Peña y Bailo. Los vecinos presentaron medidas cautelarísimas ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. El Gobierno de Aragón acabó reabriendo la carretera en día y medio, pero los municipios denuncian que se plantearon nuevas fechas 'a su carta. Gustavo Ortas, empresario de turismo activo de la zona, rememora: 'No entendíamos cómo se prohibía a los agricultores salir al campo, pero sí se permitía seguir adelante con los trabajos'.
Qué exigen ahora los municipios y qué responde la DGA
Tras el incendio, seis ayuntamientos han presentado una demanda contencioso-administrativa contra las autorizaciones de cierre total de la Dirección General de Carreteras. Reclaman documentación: autorizaciones, informes de seguridad, evaluaciones de riesgo y protocolos medioambientales. El TSJ ya ha obligado a la Administración a actuar conforme a la ley, según confirman los representantes vecinales. 'Queremos saber si todo estaba correctamente planificado', resume el alcalde de Bailo.
'No ha habido supervisión por parte del Gobierno de Aragón en esta obra', mantiene Raúl García, vecino de Murillo de Gállego y portavoz de los afectados. Añade que llevan meses pidiendo documentación y que el Ejecutivo autonómico no ha acreditado disponer de toda la información. El Gobierno de Aragón defiende su actuación y pide esclarecer la responsabilidad de quien provocó el fuego.
La catástrofe ha convertido una carretera en un problema de supervisión pública y en una emergencia ambiental sin precedentes en Aragón.
Un precedente de manual sobre riesgo no evaluado
El caso recuerda a otras crisis en las que la gestión de infraestructuras ha chocado con la prevención de incendios, como los cortes de carreteras en zonas forestales en plena ola de calor. La asociación Reino de los Mallos, que integra a nueve municipios y empresarios desde 2017, insiste en que nadie discutía la necesidad de mejorar la A-132; el problema era cómo hacerlo sin dejar vulnerables a los pueblos. Las obras del Plan Extraordinario de Carreteras tenían una ejecución prevista de 30 meses, y el debate se centra ahora en si se evaluó el riesgo real en una zona protegida.
Este lunes 24 de agosto, en la Subdelegación del Gobierno en Huesca, representantes del Ejecutivo aragonés, ayuntamientos y empresas se reunirán para revisar el plan de trabajos de la A-132. Los afectados acuden con un mensaje: llevan desde noviembre de 2024 avisando. La reunión marcará si la petición de responsabilidades deriva en cambios concretos o si el choque se prolonga en los tribunales.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: El incendio de Riglos ha quemado más de 17.500 hectáreas desde el 10 de agosto y ha obligado a desalojar a 1.046 personas.
- Por qué te importa: Muestra cómo una carretera cortada por obras puede convertirse en un factor de riesgo en plena temporada de incendios si falla la supervisión pública.
- A quién afecta: A vecinos, empresas turísticas y ayuntamientos de la zona de los Mallos de Riglos y la Canal de Berdún.
- Hacia dónde vamos: El lunes 24 de agosto hay reunión en Huesca; la vía judicial sigue abierta contra los cierres de la A-132.
