La Fiscalía ha llevado el caso García Ortiz ante la Comisión Europea para denunciar supuestas irregularidades. El documento, firmado por la fiscal general Teresa Peramato, apunta a la percepción de injerencia política en el Tribunal Supremo.
No se presenta como una denuncia penal, sino como la contribución oficial de la institución al Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, publicado en julio por la Comisión Europea, según la documentación recogida por infoLibre. El foco está en la separación de poderes y en la percepción de que la política puede influir en los jueces. La Fiscalía ya ha recurrido la condena en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Las irregularidades que denuncia la Fiscalía
La contribución enviada a Bruselas no se queda en una queja genérica. Sostiene que el juicio a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general condenado por revelación de secretos, estuvo rodeado de decisiones que alimentaron la percepción de una influencia real de la política en el sistema judicial y de una falta de independencia del Tribunal Supremo. El primer señalamiento es la falta de transparencia: el tribunal prohibió la difusión en directo de la señal y del streaming (retransmisión por internet) de la vista oral.
La comparación se apoya en casos recientes. En el juicio al procés y en causas como Gürtel o Kitchen sí hubo retransmisión. Para la Fiscalía, el recorte limitó el control público sobre el proceso y alimentó la idea de opacidad en el Supremo.
Además, la condena no fue unánime. Dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron votos particulares. Sostuvieron que las pruebas de cargo eran insuficientes y que no se valoraron todas las declaraciones. El informe recuerda que periodistas de la Cadena SER, eldiario.es, La Sexta y El País negaron que García Ortiz fuera su fuente.
En la vista, el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le dijo al periodista José Precedo: 'Una cosa es que no diga la fuente y otra es que nos amenace'. Para la Fiscalía, la reacción mostró un malestar del tribunal con testimonios que no encajaban en la condena final.
La Fiscalía eleva a Bruselas un caso que ya tenía recorrido interno y lo convierte en estándar para medir la calidad democrática.
Una condena que se adelantó y un curso bajo sospecha
Otro de los puntos que recoge el informe es el calendario. La condena se anunció el 20 de noviembre, pero la sentencia completa no se notificó hasta el 9 de diciembre. Durante semanas no se conocieron los hechos en los que se basaba la resolución, algo que la Fiscalía considera 'fuera de toda lógica'.
En los cinco días de deliberación, varios magistrados rompieron el secreto y avanzaron su posición, siempre según el documento. Martínez Arrieta dijo en un curso del Colegio de la Abogacía de Madrid que debía irse para 'poner la sentencia del fiscal general'. Ese colegio ejercía la acusación popular y pedía cuatro años de cárcel e inhabilitación.
No fue el único vínculo. Antonio del Moral, uno de los firmantes, fue director de tesis de dos abogados de la acusación. La Comisión de Ética del CGPJ ya había advertido de que participar en cursos financiados por las partes puede afectar a la imparcialidad. El documento también cuestiona la coherencia de la sentencia: condena por una nota de prensa que el mismo Supremo había considerado antes que no era delito.
Por qué importa a la separación de poderes
Este informe no puede anular una sentencia, pero es una de las pocas herramientas con las que Bruselas presiona en materia de Estado de derecho. Los informes anteriores sirvieron para activar debates sobre el CGPJ y la renovación del Poder Judicial. La Comisión no juzga el caso, pero puede incorporar estas observaciones a sus recomendaciones para España.
Las lecturas son opuestas. La Fiscalía describe irregularidades y un contexto que compromete la apariencia de imparcialidad. Quienes defienden la condena insisten en que el tribunal aplicó la ley y en que los votos particulares forman parte del debate judicial. En Bruselas, el documento se suma al expediente de España y puede condicionar el tono de las próximas recomendaciones.
La vía interna sigue abierta. La condena está recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de derechos fundamentales. Habrá que ver si el tribunal acepta el caso y si la Comisión Europea menciona estas alegaciones en el siguiente ciclo.
📌 En claves: lo que debes saber
- Qué ha pasado: La Fiscalía General ha remitido a la Comisión Europea su contribución al Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, con críticas al proceso contra Álvaro García Ortiz.
- Por qué te importa: El documento pone el foco en la independencia judicial y en la percepción de que la política puede influir en el Tribunal Supremo.
- A quién afecta: A la carrera judicial, a la Fiscalía y, en sentido amplio, a la ciudadanía que depende de la separación de poderes.
- Hacia dónde vamos: La condena está recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional y queda por ver si Bruselas recoge estas observaciones.
