La caída de la moratoria de desahucios incluida en el llamado 'escudo social' ha encendido todas las alarmas en el movimiento por la vivienda. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncian que la decisión del Congreso abre la puerta a la reactivación de unos 70.000 desahucios que estaban suspendidos y deja en el aire el acceso a suministros básicos de más de un millón de hogares vulnerables acogidos al bono social de luz, agua o calefacción.
El rechazo al decreto, tumbado por segunda vez por los votos de PP, Vox y Junts per Catalunya, pone la puntilla a uno de los principales mecanismos de protección frente a los desahucios que se aprobaron durante la pandemia y se habían ido prorrogando desde 2020. Organizaciones sociales recuerdan que la moratoria había evitado ya decenas de miles de desalojos desde su puesta en marcha, aunque solo alcanzaba a aproximadamente uno de cada cuatro procedimientos de desahucio iniciados en los últimos años.
Por ese motivo se ha organizado una movilización conjunta en Barcelona este 28 de febrero, con el fin, dicen, de "visibilizar que la crisis de vivienda y la precariedad de la vejez forman parte de un mismo problema estructural". Consideran que la moratoria era insuficiente, pero suprimirla sin desplegar nuevas herramientas de fondo deja a decenas de miles de familias "al borde del precipicio".
Durante su vigencia, el escudo social exigía acreditar vulnerabilidad económica ante los servicios sociales y ante los jueces, que debían ponderar también la situación de la parte propietaria. Esa arquitectura legal, sumada a la obligación de que las administraciones ofrecieran una alternativa habitacional en caso de vulnerabilidad, apenas se cumplía en la práctica, según denuncian las entidades.
Los sindicatos subrayan que la moratoria no llegaba ni al 25 % del total de desahucios ejecutados, y que en los últimos cinco años se han producido cientos de miles en España pese a las medidas excepcionales. Por ello, reclaman ir más allá de soluciones de urgencia y avanzar hacia un paquete integral que incluya ampliación real del parque de vivienda pública, límites efectivos al precio del alquiler y mecanismos estables que garanticen que nadie sea expulsado de su hogar sin una alternativa digna.
La situación se agrava en un contexto de encarecimiento sostenido de la vivienda. Según datos difundidos por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, el precio del alquiler ha aumentado de media un 40 % en los últimos cinco años, mientras que los salarios solo han crecido un 20 %. Esa diferencia se traduce en miles de desahucios "invisibles", es decir, familias que no llegan a ver a la comisión judicial en su puerta, pero que se ven obligadas a abandonar sus casas al no poder asumir subidas de renta desorbitadas o la no renovación del contrato. Este año, advierten, expirarán más de medio millón de contratos de alquiler en un mercado ya tensionado, lo que anticipa una nueva oleada de expulsiones silenciosas.
Pensionistas, alquileres y residencias, una misma crisis social
El movimiento pensionista COESPE ha tomado la iniciativa en las últimas semanas impulsando más de una veintena de movilizaciones en todo el Estado, en paralelo a las concentraciones de urgencia que el movimiento de vivienda ya convocó tras el primer intento fallido del Gobierno de prorrogar el escudo social.
Los datos sobre residencias de mayores nos dicen que tres de cada cuatro camas en residencias del país —unas 300.000 plazas— son privadas, con un coste medio de 2.200 euros mensuales. Frente a ello, la pensión media se sitúa por debajo de los 1.400 euros. Cuatro millones de pensionistas perciben menos de 1.000 euros al mes y cerca de medio millón cobra una pensión no contributiva inferior a los 600 euros. Para sindicatos de inquilinas y plataformas pensionistas, esta combinación empuja a una parte creciente de la población mayor a tener que elegir entre pagar el alquiler, afrontar una plaza residencial o recortar aún más en alimentación, medicación y otros gastos básicos.
Las organizaciones que han impulsado las movilizaciones ponen el foco en lo que describen como un proceso de privatización de la vida. Afirman que se privatiza el acceso a la vivienda, se privatiza la vejez y se acumula riqueza en manos de grandes propietarios y rentas altas. "Cada año que pasa, los grandes tenedores y las grandes rentas acumulan más y más", denuncian, mientras el parque público de vivienda sigue siendo uno de los más reducidos de la Unión Europea y las políticas de control de precios avanzan con lentitud o se topan con resistencias en distintos niveles de la Administración.
Los sindicatos insisten en que no se trata de un conflicto entre jóvenes y mayores. "No es culpa de los pensionistas que la juventud tenga problemas para emanciparse. No es culpa de la juventud que los pensionistas no puedan pagarse la vejez", subrayan. A su juicio, el denominador común está en un modelo económico que ha convertido la vivienda en un activo financiero y ha permitido que el coste del alquiler y de los cuidados se dispare muy por encima de los ingresos de la mayoría social.
