Elon Musk y Pável Dúrov son dos de los empresarios más influyentes del ecosistema digital global, pero también son dos multimillonarios que han chocado de lleno con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a raíz del anuncio de un paquete regulatorio que incluye la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años y una mayor responsabilidad penal para los directivos de las grandes plataformas.
Ambos magnates —uno nacido en Sudáfrica con nacionalidad estadounidense y otro nacido en Rusia pero residiendo en Dubái— han reaccionado con dureza desde sus propias herramientas de poder, X y Telegram, incluso insultando al mandatario de La Moncloa.
Musk lleva varios días publicando mensajes contra el presidente del Gobierno de España, tanto directamente como haciéndose eco de mensajes en su contra. Ha llegado referirse en inglés a él con expresiones despectivas como "Dirty Sánchez" o términos como "fascista", "traidor" o "totalitario".
En el otro lado, Dúrov se ha implicado de forma inusualmente directa en el debate enviando un mensaje masivo a los usuarios españoles de Telegram en el que asegura que el gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas y peligrosas regulaciones que amenazan las libertades en internet y advierte de que España podría convertirse en un estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección de la infancia.
Lo cierto es que, más allá de estar o no de acuerdo con las medidas anunciadas, ninguno de los dos son trigo limpio, sino que arrastran un amplio historial de polémicas y causas judiciales que merece la pena conocer.
Pável Dúrov fue arrestado en 2024
La imagen de Pável Dúrov como adalid absoluto de la privacidad comenzó a resquebrajarse con su detención en Francia en agosto de 2024. El fundador y CEO de Telegram fue arrestado en el aeropuerto de Le Bourget, en las afueras de París, en el marco de una investigación preliminar de la Policía Judicial francesa. La justicia gala le imputa una presunta complicidad por no haber actuado contra delitos graves cometidos a través de su plataforma, entre ellos tráfico de drogas, delitos contra menores y grandes fraudes en línea, al entender que la ausencia de moderación y la escasa cooperación con las autoridades favorecieron esas actividades ilícitas.
En un primer momento, Dúrov quedó en libertad bajo una elevada fianza, obligado a comparecer periódicamente ante la policía y con la prohibición de abandonar Francia. Posteriormente se le permitió volver a Dubái, aunque el proceso penal sigue abierto y la imputación continúa vigente, con un horizonte potencial de penas muy elevadas si se demostrara su responsabilidad.
Dúrov ha defendido que Telegram cumple con la normativa europea y ha calificado de interpretación muy amplia la tesis de que la falta de respuesta a ciertas peticiones judiciales equivalga a complicidad penal.
Pero su trayectoria previa ya estaba marcada por otros choques con gobiernos, además de otras polémicas curiosas como la afirmación de que tiene más de 100 hijos. Antes de Telegram, fundó la red social rusa VKontakte (VK), donde se negó a bloquear grupos opositores y a entregar datos de manifestantes ucranianos y críticos del Kremlin. Aquella resistencia le costó la pérdida del control de la compañía y su salida de Rusia en 2014, tras denunciar la presión de aliados de Vladímir Putin sobre la plataforma. Esa experiencia cimentó su imagen de empresario enfrentado a los poderes estatales, una narrativa que hoy reivindica de nuevo en el conflicto con el Ejecutivo español.
Elon Musk, entre demandas, conflictos laborales y sanciones regulatorias
Elon Musk, por su parte, afronta desde hace años un frente legal mucho más amplio, que afecta a Tesla, SpaceX, X y otras compañías de su conglomerado. Su historial tiene manchas en forma de investigaciones regulatorias, demandas laborales, acusaciones de discriminación y pleitos por difamación, entre otros frentes.
En el plano bursátil, Musk ha estado bajo la lupa de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) debido a su manera de comunicar operaciones relevantes, como la compra de Twitter en 2022 y la acumulación previa de acciones, así como por episodios anteriores en los que anunció movimientos corporativos sensibles a través de la red social.
El Departamento de Justicia y la agencia de seguridad vial estadounidense han puesto el foco también en Tesla para dilucidar si la empresa exageró de forma engañosa las capacidades de su sistema Autopilot, con investigaciones que cruzan la esfera del posible fraude a consumidores e inversores con la seguridad en carretera, a raíz de accidentes mortales vinculados a la conducción asistida.
En el terreno laboral, Tesla se enfrenta a una demanda de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos por presunto acoso y discriminación racista contra trabajadores negros en una de sus plantas en California.
Si miramos a SpaceX, ha sido denunciada por la autoridad laboral (NLRB) por despedir a empleados que criticaron en una carta interna el comportamiento público de Musk, y por el Departamento de Justicia por negarse a contratar refugiados y asilados, en un litigio que ha derivado incluso en un desafío a la estructura de los tribunales administrativos federales. Estas causas se suman a reclamaciones individuales y colectivas por condiciones de trabajo, seguridad laboral y trato discriminatorio en distintos centros.
En cuanto a X, la red anteriormente conocida como Twitter que Elon Musk utiliza para propagar sus mensajes y más de uno y dos bulos sin contrastar, arrastra además múltiples causas civiles por los despidos masivos ejecutados tras la adquisición de la compañía. Cientos de extrabajadores reclaman indemnizaciones que consideran impagadas, mientras que varios exdirectivos, incluido el anterior consejero delegado Parag Agrawal, han demandado a Musk por el impago de compensaciones acordadas y de honorarios legales.
Paralelamente, la plataforma hace frente a acciones por difamación, como la de un ciudadano californiano que acusa al empresario de amplificar en X una teoría conspirativa que lo vinculaba falsamente a un grupo neonazi, o las demandas de personas y organizaciones que consideran que la política de moderación bajo la dirección de Musk ha permitido la difusión de mensajes de odio y desinformación.
Y hace bien poquito, a finales de 2025, X fue sancionada por la Comisión Europea con una multa de 120 millones de euros por infringir la Ley de Servicios Digitales. Bruselas concluyó que la plataforma incumplió sus obligaciones de transparencia en materia de publicidad, al no informar de forma clara a los usuarios de cuándo un contenido era publicitario, y dicen además que utilizó un diseño considerado engañoso en su sistema de verificación de pago (el famoso blue check o 'tick azul') que podía inducir a confusión sobre qué cuentas estaban realmente verificadas por su relevancia o autenticidad.
Europa vs. los magnates internacionales
Sea como fuere, tanto Musk como Dúrov han reaccionado con especial virulencia al giro que emprenden varios gobiernos europeos para reforzar el control sobre las grandes plataformas, no solo el de España. En este sentido, Francia se ha situado en la primera línea, tanto con la investigación penal sobre Telegram que incluye un escrutinio detallado del modo en que la empresa colabora con las autoridades y gestiona los contenidos ilícitos, como con la redada esta misma semana de la policía francesa en las oficinas de X en París, en el marco de una investigación abierta sobre la plataforma.
Esto último motivó una dura reacción de Musk en redes y contribuyó a escalar la tensión con el Elíseo. En su perfil en redes sociales, el gobierno francés ha decidido responder al dueño de X, e incluso ha salido en defensa de Pedro Sánchez tras los insultos que el propietario dedicó al presidente español.
Por su parte, Pável Dúrov ha sido muy duro enviando un mensaje personal a todos los usuarios españoles de Telegram, lo que curiosamente no ayuda a desmentir la afirmación de Sánchez de que las redes y plataformas tienen hoy día mucho control sobre los mensajes a la ciudadanía. Al fin y al cabo, ha escrito sin permiso un mensaje personal político a todos los usuarios a través de sus números de teléfono personales vinculados.
Sobre esto, el portavoz de Podem València Adrián Navalón ha presentado una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos contra Telegram y su propietario Pável Dúrov. "Es intolerable que el dueño de una app de mensajería utilice de forma irregular nuestros datos para hacer su campaña política", comenta.
Es más, Telegram es una empresa que, a raíz de los problemas con los tribunales, ha reforzado sus mecanismos de cooperación con autoridades judiciales y ha modificado sus términos de servicio para permitir la entrega de direcciones IP y números de teléfono de usuarios sospechosos cuando exista una orden válida. También sistemas de moderación automatizada, lo que contrasta con la imagen de libertad y lejanía del control de las élites que vende la propia app.
Por último, desde el Gobierno de España se insiste en que el objetivo de la polémica medida es equiparar el entorno digital a otros ámbitos donde ya existen restricciones de edad para preservar la integridad de niños y adolescentes, como el consumo de alcohol o la conducción. La propia Moncloa y los ministerios implicados han recordado los informes que vinculan el uso intensivo de redes sociales con problemas de salud mental, exposición a contenidos de odio y riesgo de explotación sexual, y subrayan que los gigantes tecnológicos han operado hasta ahora en un entorno de escaso control efectivo en lo relativo a menores.
