El Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), ha resuelto el mayor expediente sancionador en la historia contra las apuestas y el juego en línea en España, con una multa global que asciende a 33 millones de euros.
La acción ha afectado a un total de 32 operadores por la comisión de diversas infracciones tipificadas como graves en la Ley de Regulación del Juego. Las compañías de apuestas más relevantes del sector, incluyendo a gigantes como Codere y Betfair, se encuentran entre las entidades multadas por el incumplimiento de obligaciones fundamentales de control y transparencia.
CONSUMO IMPONE LA MAYOR SANCIÓN AL JUEGO ONLINE
Esta resolución marca un punto de inflexión en la vigilancia de las actividades de juego y refuerza la línea de firmeza regulatoria emprendida por el Gobierno. El núcleo de las multas responde a infracciones tipificadas como graves en la Ley de Regulación del Juego. Según el comunicado oficial, muchos de los operadores sancionados no han cumplido con los requisitos técnicos exigidos: uso de software no homologado, sistemas de comunicaciones que no respetan la normativa o fallos en sus plataformas.
Entre los sancionados con licencia se encuentran Codere, con una multa más modesta (17.500 euros) por incumplimientos técnicos, y Betfair, que ha sido penalizada con 100.000 euros por no garantizar medidas suficientes de protección al jugador y de juego responsable.
El montante total de 33 millones de euros se estructura en dos categorías principales de incumplimiento. La parte más significativa de la sanción, 30 millones de euros, corresponde a la actividad de seis operadores extranjeros que operaban ilegalmente en territorio español sin haber obtenido la preceptiva licencia habilitante. La DGOJ ha aplicado en estos casos la multa máxima de cinco millones de euros por cada entidad, además de ordenar el bloqueo de sus respectivas plataformas de juego. La acción busca disuadir la operación irregular y proteger a los consumidores de ofertas que escapan a todo control legal.
CODERE, BETFAIR Y 888, LAS MAYORES AFECTADAS
La multa restante, que supera los 3,5 millones de euros, ha recaído sobre 26 operadores que sí contaban con la licencia de operación expedida por la DGOJ. En este grupo se encuentran las grandes marcas del sector, como Codere, Betfair y 888. Las infracciones cometidas por estos operadores licenciados, catalogadas como graves en el artículo 40 de la Ley 13/2011, tienen que ver con incumplimientos en sus obligaciones internas y de juego responsable.
Más allá del tamaño de cada multa, el impacto económico y reputacional para estas empresas de casas de apuestas puede ser considerable. No se trata solo de una sanción aislada. Y es que Consumo ha reforzado su presión regulatoria, y este paquete de multas refleja una fase más estricta de control en el sector.
Para algunos operadores sin licencia que operaban desde el extranjero, las consecuencias han sido aún más duras. Seis de ellos han sido multados con 5 millones de euros cada uno, y sus sitios web serán bloqueados en España por "infracciones muy graves".
EN TODO 2025, CONSUMO HA IMPUESTO SANCIONES POR CASI 111 MILLONES DE EUROS
Este nuevo marco de sanciones se produce en un contexto de endurecimiento regulatorio. En lo que va de año, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto 58 sanciones por un total cercano a los 111 millones de euros.
Desde el punto de vista de consumo, el objetivo es claro. Y este no es otro que proteger al jugador y garantizar que las plataformas de apuestas cumplan con los estándares de seguridad y transparencia. Pero para empresas como Codere o Betfair, la multa representa también una amenaza directa a su caja, especialmente si se repiten este tipo de incumplimientos o si aumentan los controles.
Una de las causas principales de las sanciones fue la "deficiencia en los sistemas de verificación de identidad", como explican desde el Ministerio. La normativa obliga a los operadores a comprobar de manera fehaciente la edad y la identidad de los usuarios para impedir el acceso a menores o a personas incluidas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ). El incumplimiento de estas obligaciones representa una vulneración directa de las medidas de protección.
Con todo, la suma de la presión regulatoria, las multas millonarias y el creciente escrutinio público deja a las casas de apuestas ante un escenario complicado. Mientras algunas podrán absorber el golpe económico, otras se verán forzadas a replantear su estrategia y ajustar su funcionamiento para no quedar fuera de la ley.
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