La disputa por acoger la final del Mundial 2030 continúa intensificándose entre España y Marruecos. Porque aunque la FIFA aún no ha oficializado el estadio elegido, la decisión se centra en tres recintos con aspiraciones elevadas.
Las candidaturas más potentes son el Santiago Bernabéu en Madrid, el Camp Nou en Barcelona y el ambicioso Grand Stade Hassan II en Casablanca. Cada uno de ellos representa no solo un proyecto deportivo, sino una apuesta simbólica con fuertes implicaciones geopolíticas y económicas.
España y Marruecos se baten ser sede de la final del Mundial 2030
En el frente español, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) defiende que la final debería jugarse en suelo ibérico. El Bernabéu es su opción "más realista", según sus responsables, debido a su ubicación estratégica, su experiencia en eventos de gran magnitud y las mejoras técnicas tras su última reforma.
Además, el proyecto catalán con el Camp Nou consigue apoyos por su aforo proyectado. Una vez terminadas las obras previstas para 2027, se estima que podría alcanzar los 105.000 espectadores, lo que lo convertiría en uno de los estadios más grandes de Europa.
Para los dirigentes españoles, la rotación continental debe pesar: argumentan que, tras varias ediciones en Europa, la final del 2030 debería volver al Viejo Continente. La FIFA ya ha acordado que España, Portugal y Marruecos serán los anfitriones del torneo, en una candidatura conjunta que representa un mensaje de unidad entre continentes.
Marruecos, ambición con visión internacional
Marruecos no ha venido a la fiesta solo para acompañar, su apuesta es firme. El Grand Stade Hassan II, en Casablanca, es su carta fuerte. El proyecto asegura un aforo superior a 115.000 espectadores, lo que le da una ventaja importante.
Para las autoridades marroquíes, una final en su país tendría un valor histórico, pues sería la primera vez que el partido decisivo de un Mundial se disputa en el norte de África. Además, defienden que su estadio será un icono de modernización, un símbolo de integración continental.
Claro que este planteamiento va más allá del fútbol. Marruecos proyecta esta final como una plataforma de impacto social, cultural y económico. Su federación y gobierno han puesto en valor la capacidad transformadora que podría tener celebrar un evento de esta magnitud en su suelo.
A su vez, Portugal forma parte del proyecto conjunto, pero su presencia en la disputa por la final es más estratégica que estructural. Aunque se ha especulado con el Estadio Da Luz de Lisboa como opción, por ahora su papel sería más de soporte en la organización general que de anfitrión del gran desenlace.
El país luso pretende aportar al legado del torneo y beneficiarse del impulso mediático, pero no ha presentado como favorita una candidatura con estadio claramente candidata para albergar la final principal.
La carrera por la sede de la final ha suscitado también críticas y muchas discusiones. En España, ha habido cuestionamientos sobre la transparencia de los criterios evaluados, con voces que reclaman una comisión independiente que supervise el proceso. De todos modos, son muchos los que concuerdan que quien se lleve la final en 2030 podría llevarse un impacto de legado enorme.
En su informe técnico, la FIFA habría otorgado puntuaciones históricas a la candidatura hispano-luso-marroquí. Según las informaciones, se habla de una valoración de 4,2 sobre 5 en algunos aspectos, lo que evidencia el fuerte potencial de la propuesta.
Y aunque hay varias posibilidades sobre la mesa, las dos principales candidatas lucen claramente. Por un lado, España, con historia futbolística, una red de transporte robusta y estadios de talla mundial; por el otro, Marruecos, con su ambición de hacer de esta final un acontecimiento transformador para la región del Magreb.
Si prima la capacidad, el estadio marroquí tiene una propuesta difícil de ignorar. Si el peso va por tradición y logística, las opciones españolas siguen siendo muy competitivas. Ambos escenarios ofrecen ventajas muy distintas, pero igualmente poderosas. La FIFA tiene la última palabra y el proceso está en su fase final, con una votación prevista antes de que concluya 2025.
