50 años después de la muerte de Franco, España sigue tratando de cerrar una herida que no se sutura solo con homenajes o declaraciones institucionales. El país ha avanzado en la localización e identificación de represaliados, pero los familiares insisten en que lo que se ha hecho es apenas una parte del camino.
La exhumación de figuras como Juan Chueca Sagarra, fusilado en 1939 y enterrado en una fosa común en Navarra, simboliza ese pequeño paso: recuperar un cuerpo, darle un nombre y devolverlo al pueblo del que salió para no volver jamás. Pero la pregunta persiste todavía hoy: ¿basta con eso?
FRANCO Y LA MEMORIA QUE SIGUE PENDIENTE MEDIO SIGULO DESPUÉS
La respuesta, según quienes llevan años empujando este proceso, es no. No mientras miles de familias sigan sin saber dónde están sus padres, abuelos o tíos. No mientras el Estado acumule retrasos, archivados y trámites eternos. Y no mientras la reparación se limite a abrir fosas y entregar restos, sin una reflexión clara sobre lo que significó aquella violencia ni sobre la falta de justicia posterior.
La historia de Juan Chueca es solo una de tantas, pero ilustra bien la mezcla de alivio y tristeza que acompaña a cada exhumación. Durante décadas, su familia conservó una carta escrita horas antes de su ejecución. Era lo único que tenían para agarrarse a su memoria. A finales de 2024, su ADN coincidió con los restos hallados en una fosa en la zona de Eslava.
EL REGRESO DE JUAN CHUECA SAGARRA Y DE TANTOS NOMBRES QUE NUNCA DEBIERON PERDERSE
En febrero de este 2025, el féretro viajó a su pueblo. La banda municipal tocó una marcha lenta, los vecinos guardaron silencio y los nietos de Chueca pudieron, por fin, poner flores sobre una tumba real y no sobre un símbolo. Estos gestos emocionan porque han tardado mucho en llegar. Y porque, aunque dan un cierre íntimo, no resuelven la cuestión colectiva: ¿qué significa reparar?
Las asociaciones consultadas coinciden en que la reparación real va más allá de abrir fosas. Piden un acompañamiento más profundo. Bien desde documentación accesible, recursos suficientes, mecanismos judiciales que permitan esclarecer responsabilidades y un relato pedagógico que no dependa de la ideología del gobierno de turno. Lo que reclaman no es revancha. Es memoria. Un país que se explicase a sí mismo con honestidad y que reconociera que hubo víctimas condenadas al olvido.
Entre ellas, el conocido caso de 'La Desbandá', el genocidio que el bando franquista llevó a cabo en 1937 contra miles de civiles malagueños que trataban de huir hacia Almería tras el golpe de Estado. Ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo del número exacto de esa masacre contra la población civil. Se calcula que la cifra se encuentra entre 5.000 y 10.000 personas.
LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA AÚN TIENE MUCHAS TAREAS POR COMPLETAR
Muchos familiares de represaliados por Franco definen la situación actual como una "reparación a medias". Sí, ahora hay subvenciones para localizar fosas y equipos científicos que trabajan con rigor. Sí, ha avanzado la digitalización de archivos militares. Sí, la Ley de Memoria Democrática ha acelerado procesos que llevaban años bloqueados. Pero, pese a todo, la sensación es que la maquinaria sigue siendo lenta y que los avances dependen demasiado del impulso político del momento.
En algunos pueblos, como en el caso de la familia Chueca, la devolución del cuerpo ha permitido recuperar algo más que unos restos. Ha servido para abrir conversaciones que antes se evitaban, para escuchar testimonios que nunca se habían verbalizado y para que las nuevas generaciones supieran que hubo vecinos que desaparecieron sin rastro. "Ha vuelto a casa", dijo una de las nietas durante el entierro. "Pero falta que se reconozca lo que le hicieron".
Esa frase se repite de forma casi idéntica en decenas de localidades. Aun así, los avances existen. En los últimos cinco años se han multiplicado los proyectos de exhumación, se han identificado centenares de víctimas y se han devuelto restos a familias que ya habían perdido la esperanza. Hay antropólogos que llevan una década en estas tareas y cuentan que, por primera vez, tienen margen presupuestario para trabajar sin interrupciones. Y los forenses reconocen que el nivel técnico actual permite identificar cuerpos que hace veinte años habrían sido imposibles de atribuir.
50 AÑOS DESPUÉS DE FRANCO, España se mira en el espejo de su pasado reciente y encuentra un reflejo mejorado, pero todavía incompleto
Pero la memoria no se repara solo con ciencia. Se repara también con voluntad. Y ahí, opinan muchas asociaciones, el país aún cojea. Las exhumaciones se celebran, pero no siempre van acompañadas de actos oficiales que reconozcan a las víctimas como tales. Algunas autonomías han impulsado homenajes; otras han preferido guardar silencio. Y en el ámbito judicial no se ha producido un avance comparable: los crímenes siguen sin investigarse, y el debate sobre la prescripción o la responsabilidad continúa envuelto en polémica.
En este aniversario, 50 años, medio siglo después de la muerte del dictador Francisco Franco, España se mira en el espejo de su pasado reciente y encuentra un reflejo mejorado, pero todavía incompleto. Hay familias que respiran por primera vez en décadas porque han podido enterrar a los suyos. Y hay otras que siguen esperando una llamada que tal vez nunca llegue.
El gesto de devolver a Juan Chueca y a tantos otros a la tierra donde crecieron es importante. Lo es porque devuelve dignidad, porque permite cerrar un duelo y porque hace visible una historia que durante años se intentó ocultar. Pero también es un recordatorio de lo que queda por hacer. 50 años después, la memoria avanza, pero la reparación, la profunda, la que reconoce a las víctimas sin matices, sigue siendo una promesa pendiente.
