Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) dejaron de ser una promesa para convertirse en una realidad en muchas ciudades españolas. Obligadas por la Ley de Cambio Climático, todas las localidades con más de 50.000 habitantes deben implantar estas áreas para reducir la contaminación. Entre ellas, Bilbao y Valencia han dado un paso al frente con medidas concretas que afectan ya a miles de conductores.
EL MARCO LEGAL DE LAS ZBE APRIETA A LAS CIUDADES
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada en 2021, exige que las ciudades grandes cuenten con ZBE. La norma se aplica de forma desigual, pero Bilbao y Valencia han decidido acelerar el proceso.
En el caso de Bilbao, según informó la Cadena SER, desde junio de 2025 se ampliaron las restricciones a los coches con etiqueta B para este mes de octubre, principalmente diésel Euro 4 y gasolina Euro 3. Estos vehículos ya no pueden circular entre semana en la zona restringida de la ciudad, salvo excepciones para residentes o servicios esenciales.
En Valencia, el Ayuntamiento aprobó el pasado diciembre el borrador de su ordenanza ZBE para su implantación desde este mes de octubre, que abarca un área de casi 28 kilómetros cuadrados. Según un comunicado ahora de Europa Press, la aplicación será progresiva, con fases informativas y sanciones graduales hasta 2028.
GRANADA TAMBIÉN SE APUNTA DESDE ESTE 1 DE OCTUBRE A RESTRINGIR A LOS COCHES EN LAS ZBE
Por ejemplo, Bilbao es una de las ciudades más avanzadas en este terreno. Tras una primera etapa centrada en los coches sin etiqueta, en 2025 llegó el turno de los vehículos con distintivo B. De lunes a viernes, entre las 7:00 y las 20:00 horas, no pueden acceder a la ZBE.
Otros casos se dan en ciudades como Granada. En la andaluza, tras meses de preparación, polémica, enfrentamiento político y mucho ruido en el área metropolitana, el Ayuntamiento, con mayoría absoluta del PP, puso en marcha la ZBE este miércoles 1 de octubre.
Pero el modelo no gusta a todos. Y eso porque los coches empadronados en la capital tienen la ciudad a su disposición sin importar antigüedad o etiqueta. Sin embargo, los vehículos de las localidades vecinas tienen vetado el acceso si tienen más de 20 años (diésel) o 25 (gasolina).
Esta discriminación ha enfadado a los alcaldes socialistas de la periferia y ha puesto en aprietos a los populares, que defienden el modelo como pueden ante sus ciudadanos y ante los medios. Loli Cañavate, alcaldesa del PSOE en Armilla, o el ayuntamiento de Maracena, han llevado el modelo a los tribunales para intentar tumbarlo. El caso de Armilla es muy especial porque comparte calles con la capital y no existe separación real entre ambas.
MADRID O BARCELONA OFRECEN INVTACIONES ESPECIALES
Además, según un estudio de la Junta de Andalucía, de 2021, el trasiego de viajes diarios entre Armilla y la capital es de más de 63.000 viajes. Ninguna localidad tiene un intercambio superior a ese. Por eso, según Cañavate, el modelo tenía que haber sido acordado. Lo que comienza el miércoles, añade, es "totalmente injusto, y no sirve para lo que se pretende, que es mejorar la calidad del aire, y tiene a la gente preocupada y con mucha incertidumbre.
Armilla, dice su alcaldesa, ha abierto una oficina de información en su ciudad sobre la Zonas de Bajas Emisiones ZBE de la capital. "Informamos y tratamos de ayudar a pedir las excepciones" el resquicio que permite a ciertos vehículos, sea cual sea su antigüedad y etiqueta, acceder a la capital.
Claro que hay ciudades como Madrid o Barcelona Por otro lado, donde existen invitaciones y permisos especiales que permiten incluso a terceras personas entrar con coches con etiqueta B o sin distintivo ambiental. Asimismo, se indica en la propia web del ayuntamiento madrileño lo siguiente: "Los vehículos con los que se presten servicios públicos esenciales, incluyendo los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Municipal, Agentes de Movilidad, Fuerzas Armadas, así como los vehículos del resto de los servicios públicos" esenciales también cuentan con acceso al área.
- Más información: La Asociación Española de Consumidores, contra la nueva modificación de las ZBE: "Es un claro perjuicio a los ciudadanos".
