Durante décadas, el trabajo doméstico ha sido uno de los sectores más invisibles y precarios del mercado laboral en España. Miles de familias han contado con empleadas del hogar para el cuidado de niños, personas mayores o el mantenimiento de la casa.
Pero pero muchas de esas relaciones se han desarrollado en la economía sumergida. El empleo en negro, la falta de contratos y la ausencia de cotización en la Seguridad Social han sido la norma en numerosos casos, dejando a las trabajadoras sin derechos básicos como prestaciones por desempleo, cobertura médica o protección frente a un despido.
ESPAÑA RATIFICÓ EL CONVENIO 189 DE LA OIT PARA EMPLEADAS DEL HOGAR, PERO PERSISTEN LOS INCUMPLIMIENTOS
En los últimos años, las instituciones han tratado de poner freno a esta situación. España ratificó en 2022 el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos laborales del personal doméstico.
También se han aprobado reformas para igualar sus condiciones con las de otros sectores, como la obligación de que el empleador cotice desde la primera hora de trabajo. Sin embargo, la Inspección de Trabajo advierte que aún hoy, en 2025, persisten incumplimientos graves.
Esta misma semana, el organismo ha lanzado un recordatorio con tono de advertencia: no dar de alta a una empleada del hogar puede costar hasta 12.000 euros de multa. Un mensaje claro dirigido a todos los empleadores particulares que aún creen que las tareas del hogar se pueden cubrir de manera informal, sin contrato y sin Seguridad Social.
INSPECCIÓN DE TRABAJO LLEGA A MULTAR A LOS EMPLEADORES ENTRE 3.750 Y 12.000 EUROS POR CADA UNA DE LAS EMPLEADAS DEL HOGAR AFECTADAS
El marco que regula estas sanciones se encuentra en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Según la norma, se considera infracción grave no dar de alta al trabajador en la Seguridad Social, o hacerlo con retraso una vez que ya se ha iniciado la prestación laboral. La sanción puede oscilar entre 3.750 y 12.000 euros, en función del grado de gravedad.
Además, las multas se aplican "por cada trabajador afectado". Esto significa que, si una familia tiene dos empleadas sin alta, la sanción se multiplica. Y aunque el alta se formalice después de una inspección, eso no exime del pago de todas las cotizaciones atrasadas junto con los recargos correspondientes.
CUÁNTO CUESTA INCUMPLIR
La horquilla de sanciones es amplia:
- Grado mínimo: de 3.750 a 7.500 euros.
- Grado medio: entre 7.501 y 9.600 euros.
- Grado máximo: de 9.601 a 12.000 euros, en casos de incumplimiento prolongado o especialmente grave.
A esto se suma la obligación de abonar las cuotas atrasadas a la Seguridad Social. Según explican informaciones como la de 'Economía Digital', incluso si la relación laboral era parcial o por horas, el empleador debe responder por todas las cotizaciones no realizadas.
DERECHOS DE UN TRABAJADOR DOMÉTICO QUE NO PUEDEN QUEDAR EN EL AIRE
Aquí, Ministerio de Trabajo dice que el contrato escrito es obligatorio. Si no existe, la ley presume que la relación laboral es indefinida y a jornada completa, salvo que el empleador logre demostrar lo contrario. Esto protege a las trabajadoras frente a posibles abusos.
Otro punto clave es el registro de la jornada laboral. Como recuerda Cinco Días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha marcado que también en el empleo doméstico debe garantizarse el control horario, un aspecto que muchos empleadores aún desconocen.
Aun así, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más de 370.000 personas trabajan actualmente en el servicio doméstico en España, y todavía una parte importante lo hace sin regularizar su situación.
Ya el pasado septiembre, Trabajo advertía que "dar de alta es obligatorio desde la primera hora". Con todo, es importante recordar que no solo se trata de una obligación legal, sino de un requisito para que la trabajadora acceda a derechos básicos como el paro o la incapacidad temporal.
La advertencia de la Inspección de Trabajo no es un gesto aislado. Se enmarca en una estrategia más amplia para dignificar el empleo doméstico en España. Ratificar convenios internacionales fue un paso; ahora toca garantizar que los derechos reconocidos en el papel se cumplan en la práctica.
