Este lunes conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la decisión de bloquear más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos de Airbnb por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Así lo anunció el Departamento de Gobierno que dirige Pablo Bustinduy a través de un comunicado en el que insta a la filial en Irlanda de la multinacional a eliminar estas ofertas.
Consumo, que en los últimos meses ha llevado a cabo hasta tres resoluciones con notificación, considera ilícitos 65.935 anuncios de Airbnb por contravenir la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos turísticos, afirmando que vulnera la normativa de las comunidades autónomas en las que el ministerio los ha detectado. La totalidad de los casos tiene que ver únicamente con viviendas completas de uso turístico, no con habitaciones individuales.
Desde Airbnb recurrieron el caso ante los tribunales pero, tras esta primera resolución del TSJM, deberá retirar al menos 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata. Las comunidades implicadas son Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco, con anuncios que, en su mayoría, no incluyen el número de licencia o registro, pese a ser condición obligatoria.
Existen otros tipos de anuncios ilegales de Airbnb cuyos números de licencia no corresponden a los expedidos por las autoridades. De igual forma, otros no indican la naturaleza jurídica de los arrendadores, lo que pone en peligro al consumidor, que no puede saber si estos son particulares o profesionales.
La expansión de Airbnb en España: más de 400.000 pisos turísticos
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en agosto de 2024, en España existen más de 400.000 viviendas turísticas en plataformas como Airbnb, Booking y Expedia, lo que supone un incremento del 16 % respecto al año anterior. Un reciente estudio de Phocuswiright apunta que cerca del 90% de la oferta de viviendas de uso turístico en nuestro país está disponible en Airbnb.
En este contexto, un estudio elaborado por Mabrian a partir de inteligencia artificial y Big Data y recogido por Hosteltur nos deja otros datos tremendamente reveladores, como el de que cada anfitrión de Airbnb gestiona 2,23 pisos turísticos en España.
El análisis, con cifras de marzo de este mismo año 2025, destaca que 8 provincias superan esta media: Baleares, Barcelona, Girona, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Sevilla y Madrid. De hecho, en Baleares hay 3,04 viviendas turísticas por anfitrión de media, un dato al que también se acerca Barcelona. De igual forma, las 10 provincias que cuentan con una mayor oferta de este tipo de alojamiento son, por este orden, Málaga, Alicante, Las Palmas, Barcelona, Baleares, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Girona, Valencia y Cádiz.
Por poner un ejemplo, Madrid ha pasado de 7.500 a más de 25.000 pisos turísticos de Airbnb en solo ocho años, según datos de Inside Airbnb. «Peluquerías, fruterías… Estamos viendo cómo los locales comerciales también se convierten en pisos turísticos», nos cuenta Rafael, un vecino del barrio de Chamberí que lleva tiempo denunciando esta problemática.
Las organizaciones de consumidores lo celebran
Esta última resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la decisión del Ministerio de Consumo ha generado opiniones de distinto calado. Hay que decir que estos 65.000 anuncios de apartamentos turísticos ilegales son más de tres veces el número total de pisos okupados en España (0,056 %), lo que muchos han aprovechado para intentar desmontar el relato al respecto de la problemática de la okupación.
Mientras unos llegan a calificar esta iniciativa de la cartera de Bustinduy como «lo más importante que ha hecho el Ministerio de Consumo» y reclaman también la propuesta de multas a la compañía, existen lecturas totalmente opuestas, con opiniones contrarias como la del economista liberal Daniel Fernández, profesor de la Universidad de las Hespérides, que cree que con Airbnb va a pasar lo mismo que pasó con Uber.
«Se impondrán unas regulaciones que solo los que tienen más músculo financiero podrán cumplir y se quedarán en el mercado unas cuantas manos fuertes, posiblemente vinculadas a las grandes cadenas hoteleras. Seguirá habiendo pisos turísticos, pero, al igual que las licencias de Uber, las acumularán unos pocos, posiblemente bien conectados políticamente», comenta.
«El ataque a Airbnb está perfectamente medido: mediante regulaciones restrictivas y muy costosas incrementarán tanto el coste de operación que destruirán al pequeño propietario. El mercado de vivienda residencial seguirá estrangulado, el ataque al piso turístico no resolverá nada al respecto porque el problema es otro, y lo saben perfectamente», opina Fernández.
Por su parte, la organización no gubernamental de consumidores FACUA sí ha celebrado la noticia. «Airbnb se salta la ley de forma sistemática alojando anuncios que no incluyen los datos del registro turístico autonómico ni aclaran si quien alquila es un particular o una empresa. Confiamos en que el Ministerio de Consumo le impondrá una sanción ejemplarizante», ha declarado el activista Rubén Sánchez, portavoz de la organización.
A la espera de ver qué sucede con la resolución del TSJM, merece la pena recordar que la Dirección General de Consumo abrió a Airbnb un expediente sancionador en diciembre de 2024 a Airbnb por negarse a retirar anuncios ilegales de alojamientos turísticos, hecho que se amplió con más expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos en febrero de este año por no indicar la naturaleza jurídica del arrendador correctamente.
