La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha denunciado recientemente la decisión del Ministerio de Asuntos Exteriores español de imponer visados de tránsito a las personas titulares de pasaporte ordinario de República Centroafricana que deseen realizar tránsito aeroportuario en España. Esta medida, que entró en vigor el pasado 16 de agosto, forma parte de la estrategia europea y española de externalización de fronteras, la cual, según CEAR, pone en peligro la vida de miles de personas.
CEAR lamenta que «cada vez que aumenta el número de solicitudes de asilo de una nacionalidad específica, debido a conflictos o emergencias en sus países, España responde con más restricciones, como la exigencia de visados de tránsito». En el caso de República Centroafricana, este país sigue atrapado desde 2012 en un ciclo de violencia e inestabilidad, con una población que sufre las consecuencias de un conflicto prolongado y una crisis humanitaria persistente.
El Impacto Humanitario de las Políticas de Control Migratorio
Según CEAR, en lugar de proteger a las personas más vulnerables, «este tipo de políticas priorizan el control migratorio sobre los derechos humanos«. La organización señala que «estas medidas no detienen la migración, solo la hacen más peligrosa». En su opinión, es urgente «priorizar la vida y la dignidad de las personas» y abrir vías legales para quienes necesitan protección, en lugar de imponer barreras que «solo agravan su situación».
El Llamado a Priorizar los Derechos Humanos
CEAR exige que se eliminen las barreras que dificultan el acceso a la protección internacional, y que se prioricen los derechos humanos por encima de las políticas de control migratorio. La organización lamenta que «cada vez que aumenta el número de solicitudes de asilo de una nacionalidad específica, debido a conflictos o emergencias en sus países, España responde con más restricciones», lo que pone en peligro la vida de miles de personas.
En este sentido, CEAR hace un llamado urgente a las autoridades españolas y europeas para que replanteen sus estrategias de externalización de fronteras y prioricen la dignidad y la seguridad de las personas que huyen de situaciones de conflicto y crisis humanitaria en sus países de origen.
