El caso de la fuga del expresidente catalán Carles Puigdemont ha generado una gran controversia y un tenso debate político en España. La asociación Hazte Oír ha denunciado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Tribunal Supremo, alegando una «falta de acción» del Gobierno, que habría priorizado sus «intereses políticos sobre el cumplimiento de la ley».
En su escrito, Hazte Oír acusa al ministro de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación del cumplimiento de resoluciones judiciales, denegación de auxilio a la Administración de Justicia, encubrimiento y usurpación de atribuciones judiciales. La asociación responsabiliza al ministro del Interior de permitir la celebración del acto en el que Puigdemont pronunció un discurso instantes antes de desaparecer, lo que, a su juicio, «se percibe como una falta de firmeza en la aplicación de la ley».
La Responsabilidad del Ministro del Interior
Según Hazte Oír, el ministro del Interior «tiene la responsabilidad de asegurar que las leyes se cumplan en España, incluyendo la ejecución de órdenes judiciales y la protección de las fronteras», y en ese sentido «Puigdemont debería haber sido detenido de manera inmediata al pisar territorio español, obligación clara de las autoridades dependientes directamente de Marlaska».
La asociación considera «especialmente preocupante» que, habiendo sido conocedor el Gobierno del regreso de Puigdemont, «no se hayan tomado medidas inmediatas para su detención. Esto, a juicio de Hazte Oír, «sugiere una posible connivencia o al menos un consentimiento tácito en permitir su entrada y participación en actos públicos en España sin que se ejecute la orden de detención pendiente».
La Erosión de la Confianza en las Instituciones
Hazte Oír concluye que «esta falta de acción refuerza la percepción de que el Gobierno prioriza sus intereses políticos sobre el cumplimiento de la ley, lo que erosiona la confianza en las instituciones y en la imparcialidad de la justicia». Esta acusación pone de manifiesto la preocupación de la asociación por la presunta inacción del Gobierno y la posible anteposi-ción de intereses políticos a la aplicación de la ley.
