El Tribunal Supremo (TS) ha tomado una decisión trascendental al considerar la posibilidad de consultar al Tribunal Constitucional (TC) sobre la constitucionalidad de la reciente Ley de Amnistía. La preocupación principal del alto tribunal radica en que dicha ley podría vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley, uno de los principios fundamentales de nuestro sistema jurídico.
Este cuestionamiento surge del análisis de dos casos específicos relacionados con el denominado «procés» catalán. En el primero, se trata de dos ciudadanos condenados por delitos de desórdenes públicos en Girona tras la sentencia del Supremo sobre la causa del «procés». En el segundo, se aborda el caso de una persona condenada por atentado a la autoridad en protestas en Barcelona contra el mismo fallo judicial.
Posible Discriminación en la Aplicación de la Ley de Amnistía
Tras estudiar detenidamente estos casos, el Tribunal Supremo ha determinado que los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad investigados en estos procesos son susceptibles de ser amnistiados. Sin embargo, el alto tribunal ha planteado la posibilidad de consultar al Tribunal Constitucional sobre si la aplicación de esta ley podría resultar discriminatoria.
La preocupación radica en que, al amnistiar únicamente a los implicados en los hechos relacionados con el «procés», se podría estar vulnerando el principio de igualdad ante la ley. Es decir, la Ley de Amnistía podría estar beneficiando a un grupo específico de personas en detrimento de otros que hayan cometido delitos similares, pero no estén vinculados a este contexto político.
Plazo para Presentar Alegaciones y Posible Consulta al Tribunal Constitucional
Ante esta situación, el Tribunal Supremo ha dado un plazo de 10 días a la Fiscalía y a las defensas involucradas en los dos casos estudiados para que presenten sus alegaciones sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Esta decisión del Tribunal Supremo pone de manifiesto la delicada situación jurídica en la que se encuentra la Ley de Amnistía y la necesidad de garantizar que su aplicación se ajuste plenamente a los principios constitucionales, en particular, al derecho a la igualdad ante la ley. La consulta al Tribunal Constitucional podría ser un paso crucial para dilucidar si esta ley cumple con los requisitos de equidad y justicia que deben regir en nuestro ordenamiento jurídico.
