La recaudación tributaria es un pilar fundamental para el funcionamiento de cualquier país. Sin embargo, el impago de deudas fiscales es un desafío constante para las autoridades encargadas de la recaudación. En este artículo, analizaremos las preocupaciones expresadas por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sobre la eficacia de la lista de morosos y las posibles soluciones que proponen para mejorar la recuperación de estos fondos.
Transparencia y Detalles en la Lista de Morosos
Gestha ha advertido que solo el 3,3% de la deuda de la lista de morosos se ha cobrado hasta el momento. Esto ha llevado al sindicato a reclamar a la Agencia Tributaria una mayor transparencia y la divulgación de todos los detalles sobre los cobros, anulaciones e insolvencias provisionales o definitivas de esta lista. Según Gestha, esta lista de morosos se compone en gran medida de «desahuciados económicos» de los que una buena parte nunca pagarán sus deudas.
Uno de los principales problemas que señalan los técnicos es que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro. Además, se confunde a la sociedad porque no todos los deudores son defraudadores, sino que también hay quienes no han pagado por imposibilidad de pago o insolvencia. En este sentido, recuerdan que el Consejo General del Poder Judicial alertó que el listado no informaba del origen de las deudas, metiendo en el mismo saco a defraudadores y a quienes no han pagado.
Avances y Limitaciones de la Ley de Prevención del Fraude
A pesar de estas críticas, los técnicos de Hacienda reconocen que se han producido avances notables a partir de la Ley de prevención del fraude de 2021. Por ejemplo, se ha bajado el umbral de entrada a la lista desde el millón de euros hasta los 600.000 euros, y se ha incluido a los responsables solidarios de estas deudas impagadas, algo que los técnicos venían proponiendo desde la primera lista de morosos. Sin embargo, aún falta por vincular en el listado al deudor principal con los responsables solidarios.
Además, los técnicos recuerdan que en febrero de 2023 dos sentencias del Tribunal Supremo eliminaron la publicación en la lista de morosos de las personas denunciadas por presuntos delitos fiscales que no podían pagar las deudas vinculadas ni aplazarlas, por no aportar garantías suficientes, o porque confían en obtener un pronunciamiento favorable del tribunal penal. No obstante, los técnicos reconocen que este tipo de impagos no suelen ser habituales, ya que incluso en los casos en que las defensas renuncian a pactar con la Fiscalía, la persona denunciada que paga o consigna su importe puede beneficiarse de la reducción de las penas en uno o dos grados, o solicitar la devolución del importe en caso de absolución.
Estrategias para Mejorar la Recaudación
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, para reducir la deuda pendiente de cobro, es necesario dar mayores atribuciones y funciones a los técnicos de recaudación, así como a las jefaturas de gestión recaudatoria, a los grupos regionales de recaudación y a los administradores de la AEAT. Estas medidas, junto con una mayor transparencia y divulgación de detalles sobre la deuda, podrían ser claves para mejorar la eficacia de la recaudación tributaria y reducir el impacto de la deuda insoluta en las finanzas públicas.
Es importante destacar que el 37,8% de la deuda sin duplicidades se encuentra en procedimientos concursales, por lo que una buena parte de los 4.724 millones que se adeudan será de difícil cobro o incluso será cancelada por insolvencia definitiva. Esta situación evidencia la necesidad de implementar estrategias más efectivas para abordar el problema de la deuda insoluta y mejorar la recaudación tributaria en España.
En conclusión, el desafío de la deuda insoluta requiere un enfoque integral que combine mayor transparencia, atribuciones para los técnicos de recaudación y estrategias más efectivas para recuperar estos fondos. Solo mediante un esfuerzo sostenido y bien diseñado se podrá reducir el impacto de la deuda pendiente de cobro y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
