Las nuevas normas de China tendrán consecuencias graves sobre los videojuegos

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China, la nación más densamente poblada según los datos del Censo de Estados Unidos, enfrenta la competencia cercana de India por el segundo lugar, y existe la posibilidad de que India pueda superarla en un futuro próximo. A diferencia de muchos otros países, China se distingue por imponer regulaciones y restricciones más rigurosas, ejerciendo un control más directo sobre sus ciudadanos. En este contexto, no sorprende que China haya decidido implementar una serie de normativas destinadas a reducir el gasto en videojuegos en línea, lo que ha llevado a una significativa disminución en las acciones de empresas líderes como Tencent y otras compañías prominentes en el sector.

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Las nuevas normas que anuncia China

A lo largo de los años, China ha establecido una serie de restricciones notables en el ámbito de los videojuegos. El gigante asiático ha adoptado medidas como la prohibición del lanzamiento de juegos en el país, argumentando que no cumplían con las normas «comunistas» y, por ende, requerían medidas de censura. Además, se han implementado bloqueos en la transmisión en vivo de videojuegos que se consideran inapropiados o que incitan a la violencia. Aunque en 2021 Valve logró introducir Steam en China, la plataforma se vio limitada a un catálogo de tan solo 53 juegos en lugar de la amplia oferta que debería haber incluido, compuesta por más de 50,000 títulos.

Una de las medidas más estrictas adoptadas por el país asiático en relación con sus ciudadanos fue la imposición de límites para el tiempo de juego, especialmente dirigidos a menores de 18 años. El país se jactó de lograr que el 70% de los niños acataran estas normas, limitando su tiempo de juego a tan solo 3 horas semanales. La posición de China respecto a los videojuegos ha sido fluctuante, oscilando entre momentos en los que mostró disposición a cerrar por completo el acceso a ellos y otros en los que, al observar los considerables ingresos generados por esta industria, optó por readmitirlos.

No obstante, en la actualidad parece que China ha emitido un ultimátum al anunciar nuevas normativas destinadas a reducir el gasto de los jugadores en videojuegos. Los reguladores chinos buscan establecer límites en el gasto de dinero en juegos en línea, lo que ha generado un marcado declive en las acciones de las grandes empresas chinas. Los inversores han reaccionado con cautela, provocando una caída del 16% en las acciones de gigantes como Tencent y un descenso del 25% en NetEase. Incluso compañías occidentales como Ubisoft han experimentado una disminución superior al 3%, mientras que Electronic Arts ha registrado una baja del 3.1%.

El inversor tecnológico Prosus también experimentó un descenso significativo del 14.2%, dado que ostenta una participación del 26% en Tencent. Vigo Zhang, vicepresidente de Tencent Games, declaró que las nuevas regulaciones en China en cuanto al gasto en videojuegos no obligarán a la compañía a modificar su modelo de negocio. Zhang señaló que, desde la implementación de las restricciones de tiempo para los niños en relación con los videojuegos, se ha observado una notable reducción en el gasto realizado por este grupo demográfico en juegos en línea.

Estas recientes regulaciones en China no solo buscan limitar el gasto en videojuegos, sino que también contemplan la prohibición de recompensas, lo que podría suponer el fin de las microtransacciones en el país asiático. Además, se ha anunciado la prohibición de sorteos y subastas en juegos virtuales, lo que esencialmente pone fin a casi cualquier forma de monetización e ingresos en este ámbito. A pesar de estas medidas restrictivas, se ha recibido la noticia positiva de que China ha otorgado licencias para la operación de 40 nuevos juegos occidentales en el país. Resulta curioso que estas normativas se introduzcan en un momento en el que los ingresos del mercado chino de videojuegos han experimentado un aumento del 13% durante el año 2023. Se permitirá la presentación de comentarios públicos sobre estas regulaciones hasta el 22 de enero de 2024, lo que abre la posibilidad de posibles ajustes en el futuro.

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