El Congreso iniciará este jueves 16 de marzo el trámite de la nueva Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual con un debate de la totalidad a la norma con la que muchos de los agentes del sector esperan ver cumplidas sus reclamaciones, tras semanas de incertidumbre y alertas.
Los últimos en elevar públicamente sus peticiones han sido los representantes de la Federación de Cines de España (FECE), quienes anunciaban la semana pasada que ya habían trasladado tanto al Ministerio de Cultura y Deporte como a los diferentes grupos parlamentarios sus reivindicaciones a la nueva ley, entre las que incluyen la eliminación de la cuota de pantalla o el aumento de la ‘ventana de exhibición’ a 100 días.
El pasado mes de diciembre, el Consejo de Ministros remitía a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. El texto ha estado en plazo de enmiendas de los grupos parlamentarios e incluso ya se ha registrado una enmienda a la totalidad por parte del grupo Vox.
«Por el momento, los grupos solo han recogido nuestra sensibilidad, pero no hay ningún partido que haya confirmado que incluirá nuestras peticiones en sus enmiendas», indicaba en un encuentro con la prensa el director general de FECE, Luis Gil, quien ha calificado de «continuista» a la nueva ley del sector.
Una de sus primeras peticiones es esa eliminación de la cuota europea. La futura Ley del Cine establece que la programación de las salas de cine deberá incluir películas de Estados miembros de la Unión Europea o iberoamericanas en cualquier versión, de forma tal que, al concluir cada año natural, al menos el 20 por ciento de las sesiones que se hayan programado sea con obras europeas o iberoamericanas, frente al 25 por ciento que recoge la actual legislación.
Por otra parte, también han reiterado de nuevo la importancia de alcanzar los 100 días en la exclusividad de exhibición de las nuevas películas –actualmente está en 45 días–. «Hemos encontrado muchas dificultades porque las plataformas tienen mucha fuerza y forman un bloque», ha lamentado Gil, pese a que desde la Federación se ha insistido en que Netflix, HBO u otras «no son el enemigo».
El otro frente abierto que se generó para Cultura con la tramitada Ley Audiovisual es el de las productoras independientes. El departamento de Iceta ya dio a conocer cuando se dio luz verde ala Ley del Cine que se iba a destinar «mayoritariamente» las ayudas a estas productoras, en contraprestación por la otra ley.
En este sentido, Cultura aseguraba que el proyecto de Ley mantiene la definición de productora independiente «reclamada por el sector» e hizo hincapié en que la dotación de las convocatorias de ayudas se destinará «mayoritariamente» a productoras independientes, y no a las obligaciones recogidas en la Ley de Comunicación Audiovisual.
De forma general, la Ley del Cine subraya la necesidad de ayudas públicas «capaces de impulsar todos los aspectos del audiovisual». En el título de la ley se ha incorporado el concepto de ‘cultura audiovisual’ junto al de ‘cine’, al entender que la actividad cinematográfica y la actividad audiovisual constituyen una unidad que integra las especificidades de los distintos medios de explotación y difusión de las obras audiovisuales.
También, como novedad, la Ley considera que el Fondo de Protección a la Cinematografía y al Audiovisual reservará siempre un porcentaje «significativo» de su dotación exclusivo para la actividad cinematográfica, aunque incluya otras formas audiovisuales, como series.
El proyecto de Ley presta especial atención a la igualdad real entre hombres y mujeres, a través de reservas específicas en las dotaciones de las distintas líneas de ayudas. Por ejemplo, la reserva del 35% de la dotación de ayudas a producción reservada a mujeres a través de las órdenes de ayudas, pasa ahora a ser una obligación recogida en la Ley que deberán cumplir todas las ayudas a producción.
Adicionalmente, se incluye que el ICAA a través de la Filmoteca Española, adoptará iniciativas destinadas a «visibilizar» la producción y el papel de las mujeres en el patrimonio cinematográfico y audiovisual español.
También se mantiene la cuota de pantalla (el porcentaje que los exhibidores han de reservar a cine nacional y europeo): pasa de un 25% a un 20%, e incluye cine latinoamericano y cine dirigido por mujeres.
Será requisito para acceder a las ayudas de largometrajes y distribución la incorporación de sistemas de accesibilidad. Las empresas que aspiren a ser beneficiarias de ayudas públicas deberán cumplir con la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, en el caso de que les sea aplicable.
Por último, se incluye la obligación de cumplir con las condiciones de accesibilidad universal en la exhibición cinematográfica, al tiempo que plantea una mejora en la Filmoteca Española en la accesibilidad para la difusión de las obras cinematográficas.
La Filmoteca Española se califica como Bien de Interés Cultural (BIC). Además de contemplar la creación de ayudas específicas para la conservación del patrimonio audiovisual, determina que los beneficiarios de ayudas públicas deberán entregar a Filmoteca Española los materiales necesarios para la mejor conservación del patrimonio.
