La comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha aprobado este lunes, con los votos a favor de los diputados de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, y el voto en contra de PSOE-A y Unidas Podemos por Andalucía, la propuesta de dictamen registrada por el presidente de dicho órgano, el diputado de Cs Enrique Moreno.
El propio presidente de la comisión ha informado en el Parlamento del resultado de esta votación tras la reunión que la comisión tenía programada para este lunes a partir de las 17,00 horas con objeto de debatir y votar dicha propuesta de dictamen, que atribuye «responsabilidades políticas» a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán en relación a las «irregularidades» detectadas en la extinta fundación. También señala a la expresidenta Susana Díaz, aunque «de distinta naturaleza», porque «el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración» con la misma.
Según explicó el pasado viernes el presidente de la comisión en rueda de prensa, tras la aprobación de esta propuesta de dictamen, los grupos parlamentarios dispondrán de 15 días naturales para registrar, si lo consideran oportuno, votos particulares, que se debatirían, junto al documento aprobado este lunes, en el Pleno del Parlamento, algo que Enrique Moreno calculaba el viernes que podría producirse «o a finales de este mes» de abril «o a principios del mes que viene».
El dictamen sometido a votación constata «irregularidades» en la Faffe que «no fueron hechos puntuales», sino «consecuencias previsibles de un descontrol institucionalizado», del que atribuye «responsabilidades políticas», entre otros, a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
En concreto, el dictamen, que se detiene en analizar las «irregularidades» que se hayan abordado en la comisión y que «tuvieron lugar en el seno» de la Faffe, contiene unas conclusiones, señala unas «responsabilidades políticas» y finaliza con unas recomendaciones.
RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
En concreto, las «responsabilidades políticas» que plantea la propuesta de dictamen que ha resultado aprobada señalan, en primer lugar, al ex director general de la Faffe y ex secretario general de Empleo del PSOE en Andalucía, Fernando Villén Rueda, «principal autor de las irregularidades» en la fundación, y, en segundo lugar, «a todas las personas que formaron parte del Patronato de la Faffe desde su creación hasta su extinción, todos ellos cargos políticos» y «algunos de ellos ya condenados por su gestión en otras responsabilidades de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía».
La propuesta de dictamen nombra explícitamente en ese apartado a los exconsejeros de Empleo que fueron presidentes del Patronato de la Faffe José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio.
En tercer lugar, el documento atribuye responsabilidades políticas a Chaves y Griñán, porque «ha quedado patente el caos organizativo» en el que ambos «sumieron la administración de la Junta de Andalucía durante sus mandatos».
De igual modo, la propuesta de dictamen señala responsabilidades políticas en «todos los dirigentes socialistas que consiguieron para ellos mismos, o para sus familiares y amigos, una nómina en la Faffe por su condición de responsables políticos gracias a su relación con el PSOE de Andalucía y con Fernando Villén, cuya firma estaba presente en todos los contratos».
En último lugar, la propuesta de dictamen atribuye «una responsabilidad política de distinta naturaleza, por no haber participado de manera directa ni haber formado parte de los gobiernos socialistas que ejecutaron la gravísima irregularidad acaecida en el seno de la Faffe», a la expresidenta de la Junta Susana Díaz y a los exconsejeros de sus gobiernos María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Javier Carnero y Antonio Ramírez de Arellano, «porque el caso de la Faffe estalló durante su etapa al frente del Gobierno de la Junta, y su Ejecutivo no destacó precisamente por prestar facilidades para la investigación judicial en marcha, sino más bien por la manifiesta falta de colaboración» con la misma.
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
En su apartado de recomendaciones, el dictamen plantea, entre otras cuestiones, «incluir de forma expresa» en la próxima reforma del Código Penal tanto «la tipificación de la obligación de declarar ante las comisiones de investigación parlamentarias» como «la obligación de colaborar en la aportación documental con las comisiones de investigación parlamentarias».
Por su lado, el dictamen recoge entre sus conclusiones, en primer lugar, que la Faffe «no debió existir nunca, porque las irregularidades que tuvieron lugar» en ella «no fueron puntuales», sino que «fue una corrupción institucionalizada».
Además, la propuesta de dictamen sostiene que, «dada la arbitrariedad de sus contrataciones, cualquier miembro de la plantilla de la Faffe puede ser considerado presunto enchufado».
Por otro lado, la propuesta de dictamen concluye también, entre otras cuestiones, que la Faffe «pagó incluso de forma sistemática facturas con conceptos falsos», y «la opaca contabilidad de la tesorería» de la fundación «en cajas fuertes, con irregulares disposiciones de dinero metálico por sus responsables, era un ejercicio sistemático de trilerismo malversador».
«La ausencia de una evaluación ordinaria efectiva de las actividades realizadas por la Faffe hizo que los principales beneficiarios no fuesen los previstos, sino los encargados de gestionar los recursos dedicados a los desempleados», apunta otra conclusión de esta propuesta de dictamen, que también sostiene que «la acción negligente y pasividad de los responsables, no sólo políticos, de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas ha hecho que al revisar la herencia de la Faffe haya que tratar prescripciones y caducidades».
Asimismo, el documento presentado por el presidente de la comisión señala que la Faffe «se gastó durante su existencia 10.726.755,80 euros en publicidad, propaganda y relaciones públicas», una «cantidad exorbitante para tales conceptos en los que se imputaban las famosas tarjetas de la Faffe y de la que debieron de salir el pago de los prostíbulos a su director general, Fernando Villén».
TRES AÑOS DE RECORRIDO DE LA COMISIÓN
La comisión de investigación de la Faffe que este lunes ha votado su dictamen celebró su sesión constitutiva el 25 de marzo de 2019 con el objetivo de «conocer, analizar y evaluar las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo».
La creación de este órgano fue solicitada por el propio Gobierno andaluz de PP-A y Cs tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 2018, cuya convocatoria motivó precisamente que se desactivara la que se había configurado en el Parlamento antes de dicha cita con las urnas para esclarecer la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación, todo tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de Fernando Villén.
En el desarrollo de su actividad, la comisión ha citado a comparecer, entre otros, a los expresidentes Chaves y Griñán, así como a la actual ministra de Hacienda y exconsejera del ramo María Jesús Montero, si bien sólo el primero acudió a la cita aunque no respondió a los grupos, algo que, en cambio, sí hizo el pasado 3 de diciembre la expresidenta de la Junta Susana Díaz.
