El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes el impulso de una reforma fiscal «que necesita el país» y que actualmente está analizando un comité de expertos designado por el Gobierno.
«Si queremos una justicia social, necesitamos una justicia fiscal, es decir, que paguen más los que más tienen», ha afirmado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.
Las palabras de Sánchez coinciden con que este martes el Pleno de la Cámara Baja celebra el debate de una proposición no de ley de Unidas Podemos con propuestas para la reforma fiscal, entre ellas la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, un recargo a las grandes eléctricas y rebajas de la fiscalidad de las pymes y el IVA de productos de higiene femenina, peluquerías y servicios veterinarios.
No obstante, los socialistas han reafirmado su voluntad de «respetar los tiempos» del Ministerio de Hacienda y esperar a que eleve al Consejo de Ministros una «propuesta trabajada, elaborada y acorde con la realidad del país», que parta de las conclusiones de los expertos designados por el Ejecutivo.
DEBATE SOBRE LAS REGLAS FISCALES EUROPEAS
Ante la pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet, sobre si el Gobierno va a adoptar medidas para derogar la normativa de estabilidad presupuestaria todavía en vigor, aunque suspendida, que ha calificado como un «austericidio», Sánchez ha querido poner en valor que España esté liderando junto a otros países el debate en la Unión Europea de unas nuevas reglas fiscales.
Cabe recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 como consecuencia de la pandemia, la prorrogó para el ejercicio 2021 y decidió mantenerla en vigor también en el año 2022. El objetivo es que los Estados puedan mantener políticas dirigidas a que la recuperación económica sea más robusta y se alcance el PIB previo a la pandemia.
Con este amparo, el Gobierno logró el respaldo del Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre al coincidir en que persisten las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener suspendidas las reglas fiscales.
No obstante, ante una palpable recuperación económica y con el impulso de los fondos europeos ‘Next Generation EU’, se ha abierto en el seno de la Comisión Europea el debate sobre las reglas fiscales.
La posición de España sobre este tema ya la ha expresado públicamente la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien defiende que sean los propios países de la UE los que puedan definir sus caminos de consolidación fiscal y que, a su vez, sean sendas «creíbles y compatibles» con el crecimiento sostenido y la creación de empleo.
EL COMPROMISO «TOTAL» CON LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Durante su intervención ante la Cámara Alta, el presidente también ha trasladado un mensaje sobre la cogobernanza con las comunidades autónomas y su papel, al tiempo que ha asegurado que el compromiso con la financiación autonómica es «total». En este sentido, ha recordado la iniciativa del Ejecutivo para hablar con las comunidades con el objetivo de establecer un sistema de financiación de cara a los próximos años.
Pese a este plan de futuro, Sánchez ha afirmado que desde 2019 se ha dotado a las comunidades de un 36% más de financiación, con casi 500.000 millones de euros, y ha señalado que los ayuntamientos van a recibir en 2022 las mayores entregas a cuenta de la historia, que van a crecer un 13%.
DEFENSA DE LOS MECANISMOS ANTE LA CRISIS
Pese a estas cifras dadas a conocer por el presidente, el senador Mulet ha insistido en instar al presidente a revertir políticas austericidas impulsadas por el PP, tras acusar al Gobierno de coalición de seguir manteniendo las normas de «M. Rajoy».
Frente a esto, el presidente ha defendido las políticas puestas en marcha, al tiempo que ha recalcado que la sostenibilidad de las finanzas públicas es «primordial».
Además, ha puesto en valor la gestión del Gobierno durante la pandemia, y aunque ha admitido que se han podido producir algunos «errores», ha defendido que se ha protegido a las empresas, trabajadores y familias y ha destacado que se haya seguido avanzando en derechos sociales, como con el acuerdo con sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional a 1.000 euros.
«Hemos puesto en marcha unos ERTE que han salvado millones de empleos, que si no hubiésemos puesto en marcha muy probablemente la tasa de paro pudiera ser de cifras inimaginables de un 40% o 42%», ha explicado, tras recordar que actualmente la cifra está en torno al 13% y el 95% de trabajadores se han reincorporado a sus puestos de trabajo.