Iberdrola ha ampliado la querella que presentó en enero de 2020 contra el ex director de Control de Funciones Corporativas José Antonio del Olmo y ha pedido a la Audiencia Nacional que se tome declaración como investigado a su otrora empleado por la obtención y la difusión de facturas de la compañía que fueron claves en el caso ‘Tándem’ sobre los presuntos encargos al comisario José Manuel Villarejo.
La compañía se querelló contra Del Olmo en un juzgado de instrucción de Bilbao, aunque el asunto fue absorbido por la Audiencia Nacional, acusándole de elaborar y difundir un informe falso donde el ex directivo –que defiende la veracidad del contenido del mismo– reflejaría presuntas irregularidades y dejaría constancia de varias facturas, incluida una emitida por CENYT, el grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo. Además, apuntaría a la existencia de una denuncia interna que no se habría investigado.
Sin embargo, en un auto del pasado 9 de julio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, decidió archivar la querella sin entrar en el fondo del asunto al entender que los hechos denunciados ya habrían prescrito.
Pero Iberdrola, que imputa a Del Olmo los delitos de revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica, pide ahora al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que realice las diligencias «derivadas y que sean pertinentes para la mejor instrucción de las presentes actuaciones».
LA SALA REVOCÓ EL ARCHIVO Y VOLVIÓ A IMPUTAR A DEL OLMO
Y lo hace un mes después de que la Sala de lo Penal acordasen revocar el sobreseimiento acordado por el juez, volviendo a imputar a Del Olmo por un delito de falsedad documental. Además, la Sala también decidió devolver la condición de acusación particular a Iberdrola, en contra de lo acordado por el juez.
La Sala, que consideraba que esos pronunciamientos de García-Castellón resultaban «prematuros», conminó al magistrado a determinar si el documento cuya manipulación se atribuye a Del Olmo le resulta necesario para la investigación de los hechos objeto de esta pieza separada o para corroborar las declaraciones que, como testigo, pudiera efectuar el exdirectivo sobre los hechos objeto de investigación.
En su ampliación de querella, fechada el 12 de diciembre, Iberdrola insiste en que «a lo largo de más de una década», el que fuera director de Control de Funciones Corporativas de Iberdrola «se apoderó de una extensísima serie de documentos que recogen secretos empresariales de Iberdrola y datos reservados que afectaban no sólo a los intereses de la compañía sino también a la intimidad de personas físicas vinculadas con ella, sustrayéndolos ilegalmente de donde estaban depositados en la empresa y conservándolos a su disposición para ulteriormente revelarlos».
En este contexto recuerdan que fue «durante diversos tramos temporales aún no plenamente acotados, pero que como mínimo abarcan el año 2004 y el período que va de 3 diciembre de 2019 a diciembre de 2020, Del Olmo realizó diversas actividades de difusión, revelación o cesión ilícita de esos documentos, en perjuicio de la compañía».
CRITICAS AL JUEZ: «LAS COSAS NO HAN CAMBIADO NADA»
El pasado viernes Iberdrola también solicitó al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional que investigase si el informe aportado Del Olmo es falso, tal y como argumenta la compañía eléctrica, antes de tomar declaración como investigado al presidente de la misma, Ignacio Sánchez Galán, el próximo 18 de enero.
En su escrito, la energética recriminó a la sede judicial que desde que el pasado 12 de noviembre la Sala de lo Penal de la AN revocó el archivo de la querella y devolvió a Iberdrola su condición de perjudicada, instando específicamente al magistrado a decidir si este asunto se investiga en esta pieza separada o en un procedimiento distinto, «las cosas no han cambiado nada» porque no ha resuelto lo indicado ni la petición de la compañía para que Del Olmo comparezca como imputado.
En consecuencia, solicitaba que «se adopten las medidas necesarias, entre ellas la práctica de las diligencias de investigación solicitadas», para aclarar si el informe de Del Olmo es falso, lo cual –adujo Iberdrola– permitirá determinar qué consecuencias tendría que efectivamente lo fuera para el «desenlace» de la causa.
CONDENA EN LO MERCANTIL POR EL ROBO DE FACTURAS
Así las cosas, Iberdrola ha recordado que Del Olmo cuenta con una sentencia en su contra que fue dictada el pasado mes de septiembre por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, que condenó a Del Olmo a devolver los documentos y publicar su sentencia de condena «con al menos la misma difusión» que tuvo la revelación de los papeles sustraídos.
En la sentencia, el tribunal consideraba probado que Del Olmo obtuvo de forma ilícita las copias y se las facilitó al medio de comunicación que luego hizo públicas las facturas. «Porque no ha quedado demostrado ni ha sido aportado indicio alguno de que otros estuviesen en disposición de hacerlo», justificaba el escrito.
Así, la sentencia incidía en que Del Olmo reconoce que realizó copia de las facturas confidenciales, las conservó en su despacho, las depositó ante notario cuando todavía era el controller de Iberdrola (en el 2004), y luego, tras su jubilación (2016) se llevó a su casa estas copias.
