El Colegio Oficial de Médicos de Melilla, tras mostrarse a favor del pasaporte Covid implantado en la ciudad española del norte de África, ha denunciado «el vacío legal que se genera con los positivos detectados por test de antígenos» porque estas personas no tienen derecho al pasaporte y tampoco pueden vacunarse hasta pasado un periodo de seis meses.
Su presidente, Justo Sancho-Miñano, ha señalado que la entidad «reitera su compromiso con la petición del pasaporte Covid para acceder a lugares cerrados, pero entiende que se debe garantizar la equidad y la igualdad entre todos los ciudadanos». Al respecto, ha señalado que «la medida se ha impuesto sin claridad y sin solución a circunstancias reales, como dar respuesta a aquellos positivos por test de antígenos que no han podido vacunarse aún y que, por lo tanto, tampoco han podido obtener el pasaporte covid».
Para Justo Sancho-Miñano «el problema es que ahora las autoridades exigen el certificado Covid, que nos parece muy bien, pero las autoridades deben hacer lo posible para que todos los ciudadanos a los que exige el certificado covid tengan la capacidad de tenerlo y no es así. Por lo tanto, empiezan a afectar a derechos fundamentales».
El presidente del Colegio Oficial de Médicos ha destacado que el conflicto llega con los positivos detectados a través de test de antígenos. Sancho-Miñano ha recordado que para obtener el certificado Covid digital de la Unión Europea se exige el solicitante haya sido vacunado contra la COVID-19, se haya realizado una prueba con resultado negativo o haya superado la enfermedad.
«Pero a muchas personas –ha recalcado– les han diagnosticado con antígenos en lugar de PCR y esa prueba no es válida para el trámite», según ha explicado, apuntando que es ahí «donde se dan situaciones incongruentes, puesto que los test de antígenos sí sirven para certificar los positivos diarios, pero, sin embargo, no habilitan para la obtención del certificado de curación al tener que pasar seis meses hasta la vacunación».
Además, ha apuntado que los seis meses entre el positivo por antígenos y la inoculación de la primera dosis generan, como se subraya desde el Colegio, una falta de soluciones a situaciones reales.
«Entonces, un chico o chica que ha tenido el 1 de septiembre positivo por antígenos, ahora mismo va a vacunarse y no puede porque no han pasado seis meses. Va a Salud Pública y le dicen ‘no constan aquí sus datos porque se lo detectaron con antígenos’ y no pueden tener certificado covid ni acceder a ningún lado. Se le vulneran sus derechos fundamentales. Es decir, las autoridades te exigen cosas que no puedes tener», ha concluido Justo-Sancho Miñano.
