La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha solicitado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por tres piezas separadas de ‘Tándem’ que se expulse a la acusación popular que ejerce Podemos, agarrándose para ello a los mismos argumentos que esgrimió el juez instructor, Manuel García-Castellón, en la pieza ‘Dina’, sobre el presunto uso político de su estatus procesal para obtener «ventajas electorales».
El abogado defensor, Antonio José García Cabrera, lo ha planteado como parte de sus cuestiones previas, sumándose así a lo que ya han venido reclamando otras defensas, incluida la de la mujer de Villarejo, Gemá Alcalá, que ya advirtió en las sesiones iniciales del pasado mes de octubre de que la formación ‘morada’ estaría haciendo un «uso electoral» de la información a la que tiene acceso por ser parte acusadora.
García Cabrera ha cimentado su argumentación en la realizada por el propio García-Castellón en la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo para pedirle que investigara al entonces vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, como presunto responsable de los daños que sufrió la tarjeta telefónica de su ex asesora Dina Bousselham desde que le robaron el móvil hasta que la información que albergaba apareció publicada.
«Esas sospechas de una utilización política del caso Villarejo por parte de Podemos para conseguir ventajas electorales hacen incompatible el mantenimiento de esa acusación» popular, ha dicho García Cabrera.
El letrado ha aducido como segundo argumento que Podemos habría mantenido una «relación extraprocesal» que considera «incorrecta» con la Fiscalía Anticorrupción, lo que impediría que el agente retirado disfrute de un juicio justo y provocaría que todo el procedimiento deviniera «nulo».
A este respecto, ha exigido «saber qué relación ha habido» entre ambas partes para determinar si ha habido connivencia y, a tal fin, ha pedido tener acceso a los chats internos de Podemos que darían cuenta de esos tratos con el Ministerio Público y poder interrogar como testigo al ex abogado ‘morado’ y denunciante del partido José Manuel Calvente.
FALTA DE «INTERÉS LEGÍTIMO»
Este mismo lunes, las defensas de los empresarios y hermanos Fernando y Juan Muñoz Tamara, juzgados en esta vista oral por la pieza ‘Pintor’, han solicitado que se eche a la acusación popular de Podemos por entender que carece tanto de legitimidad procesal, dado que no se habría personado correctamente, como de «interés legítimo», puesto que el delito por el que acusa, revelación de secretos, afecta a particulares, no al «interés público».
En este sentido, la letrada de Fernando Muñoz Tamara ha hecho hincapié en que, según los propios estatutos de la formación ‘morada’, ésta persigue dos fines: promover la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas y la promoción de los Derechos Humanos. Ninguna de estas cuestiones, ha recalcado, se ventilan en este procedimiento judicial.
La defensa de Juan Muñoz Tamara se ha adherido a esta cuestión previa, así como una tercera defensa que ha afirmado directamente que «Podemos aquí no pinta nada» porque el delito de revelación de secretos es un delito «semipúblico». «Ya bastante ha pintado en su momento y bastante daño ha hecho en la causa», ha apostillado este último abogado.
Un cuarto letrado ha añadido que no se puede «hacer extensiva» la personación de Podemos en la pieza principal de ‘Tándem’ a las demás piezas separadas porque ello supondría un «quebranto» del derecho a la defensa de los encausados.
TRIPLE JUICIO
Este juicio es el primero que se celebra por ‘Tándem’ y aglutina tres piezas juntando a más de una treintena de acusados, aunque el principal es Villarejo, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita más de 100 años de cárcel.
En el caso de ‘Pintor’, se juzga el encargo que habrían hecho los empresarios Muñoz Tamara al comisario jubilado para, presuntamente, extorsionar a un ex socio y al abogado de este último, el ex juez Francisco Javier de Urquía.
En cuanto a ‘Iron’, versa sobre el supuesto encargo de un despacho de abogados a Villarejo para que espiara a un bufete de la competencia, mientras que en ‘Land’ se investigó otro presunto espionaje del policía por la disputa en torno a la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’.
