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Campo apuesta por crear una cultura de la mediación para reducir la litigiosidad

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apostado por crear una «cultura de la mediación» para reducir la litigiosidad en España, fomentando la cohesión social y potenciando la resolución de los conflictos sin necesidad de que haya una sentencia judicial de por medio.

Así lo ha defendido Campo durante su intervención en el encuentro ‘Diálogos Institucionales’ organizado por el Colegio de Abogados de Cantabria, celebrado este jueves en Santander y en el que ha estado acompañado por las principales autoridades de la Administración de Justicia regional.

En concreto, han participado la consejera de Justicia, Paula Fernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez; y el decano del Colegio de Abogados, Andrés de Diego.

En el encuentro, Campo ha incidido en la necesidad de agilizar los trámites judiciales y para ello ha defendido la mediación, que ayuda a reducir los tiempos de resolución de conflictos; y también la digitalización o el cambio estructural y coyuntural de la Justicia, que se enmarcan en el proceso de modernización que se está acometiendo para adaptar dar mejor respuesta a los ciudadanos.

Estos objetivos forman parte de su proyecto de Justicia para 2030, que ha defendido que se debe hacer «entre todos», manteniendo la «comunión de esfuerzos» que se logró durante los primeros meses de la pandemia para hacer frente a los retos y con la que se consiguió poner en marcha juicios telemáticos, citas previas, juzgados Covid, horario de mañana y tarde en las sedes judiciales, etcétera.

«Entre todos lo podemos hacer, si alguien se baja no lo haremos», ha sentenciado, destacando que «no podemos perder» el apoyo casi unánime que han tenido algunas medidas en materia de Justicia, para lo que ha pedido a sus futuros sucesores que pongan «la misma pasión que él» en desarrollar este proceso.

SOSTENIBILIDAD Y JUSTICIA

Además, en opinión del ministro la Justicia «no puede quedarse al margen de la economía», por lo que estos avances, además de encaminarse a reducir pleitos en menos tiempo, tienen que contribuir la sostenibilidad.

En este sentido, ha detallado que con las nuevas medidas que evitan los trámites presenciales y fomentan la cita previa se han «ahorrado un millón de kilómetros, 300 toneladas de CO2 vertidas a la atmósfera, 30.000 horas en desplazamientos», y esto ya «no tiene límite, es lo que queremos hacer», pero «solo tendrá éxito si lo hacemos entre todos», ha sentenciado.

COGOBERNANZA

En esta línea se han pronunciado el resto de participantes del encuentro, como la consejera, que ha puesto en valor la «cogobernanza» y «coordinación» impulsada desde incluso antes de la pandemia por el Ministerio con los distintos actores judiciales y administraciones, entre las que se encuentran las comunidades autónomas con las competencias transferidas, como es el caso de Cantabria.

Fernández ha defendido que este modelo «es como se tenía que afrontar la crisis» y ha tenido como resultado que la Administración de Justicia «no esté hoy con medidas paliativas», sino con medidas «de impulso, reconstrucción y recuperación». «Vamos mil por hora y se ven los resultados», ha dicho.

Campo y Fernández se han referido también a las principales líneas de trabajo y cambios tecnológicos y organizativos que se abordarán ahora con la futura ley de eficiencia organizativade la Justicia.

Para Cantabria, ha señalado la consejera, es «especialmente importante» la puesta en marcha de las Oficinas de Justicia en los municipios, que sustituirán a los actuales juzgados de paz. «Elobjetivo es llevar a todos los puntos del territorio los servicios de justicia, incluida la población que vive en áreas rurales, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en lacohesión territorial. No podemos perder ese servicio», ha señalado.

REFORMAS

Por su parte, el presidente del TSJC se ha referido al programa de reformas organizativas, tecnológicas y procesales del Ministerio que se aprobarán en los próximos meses y que se encuentran en trámite de informes, después de que el ministro haya repasado esta nueva arquitectura jurídica planteada dentro del Plan 2030, formada por la futura ley de eficiencia organizativa, junto a la ley de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.

En materia organizativa, López del Moral ha considerado «esencial» y ha puesto de ejemplo los futuros tribunales de instancia. Y espera que, finalmente, al igual que ha sucedido con el proceso de digitalización de la Justicia, sea una mejora que llegue a aplicarse de forma efectiva.

La fiscal superior de Cantabria y el decano del Colegio de Abogados han valorado asimismo el trabajo desarrollado durante la pandemia por todos los colectivos judiciales, destacando que trabajaron de forma «coordinada».

Jiménez ha señalado que la herramienta digital de Cantabria -con el sistema Vereda ya implantado- fue un «activo», y que las mayores dificultades se dieron en la atención ciudadana; mientras que De Diego ha opinado que en la comunidad «las cosas han funcionado muy bien» y «hemos sido un ejemplo» en coordinación para asegurar el funcionamiento del servicio público de la Justicia.