El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el director general de Ordenación de la Seguridad Social, Borja Suárez, han aceptado el compromiso de impulsar «de forma inmediata» el acceso anticipado a la jubilación para los trabajadores que han estado expuestos al amianto en su lugar de trabajo, tal y como ya se reconoce a otros colectivos profesionales sometidos a condiciones laborales de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre.
El anuncio ha sido trasladado en el transcurso de un encuentro mantenido por el ministro, el responsable de Ordenación de la Seguridad Social y su equipo técnico con representantes de la Asociación Catalana de Víctimas Afectadas por el Amianto (AVAAC) y los abogados Jaume Cortés y Marta Barrera, socios ambos de Colectivo Ronda.
A la comitiva creada para trasladar al Ministerio las peticiones de los afectados por el amianto, se unió el congresista de las CUP Albert Botran, quien el pasado mes de abril ya intervino en sede parlamentaria para defender la necesidad de crear un fondo público de compensación para las personas que se han visto afectadas por la inhalación de fibras de amianto, material cancerígeno prohibido en el conjunto de la UE desde el año 2000.
«Evidente que el colectivo de personas que hemos trabajado expuestas al amianto presentamos todos los condicionantes exigidos por la legislación en el sentido de estar expuestos a probabilidades mucho más elevadas de desarrollar enfermedades potencialmente mortales, especialmente diversas formas de cáncer, que el conjunto de la población que no ha trabajado en contacto con este material, calificado como cancerígeno por la OMS desde la década de los setenta y prohibido en la UE por su peligrosidad para la salud humana», han dicho desde la AVAAC.
Y es que, prosige, que incluso las estimaciones más conservadoras, como la realizada por el Instituto Carlos III de Madrid, cifran en al menos 1900 las muertes que anualmente se producen en el Estado español por causa exclusiva del amianto, sin olvidar que otros estudios elevan este coste en vidas humanas más allá de las 7000 defunciones anuales.
Además, los integrantes de AVAAC han recordado que, a diferencia de lo que sucede con otras profesiones que sí tienen reconocido el derecho a acceder prematuramente a la jubilación, en el caso de la exposición al amianto el riesgo para la salud no finaliza con el cese de la actividad laboral, dados los largos periodos de latencia de las enfermedades relacionadas con el asbesto.
«Muchos de nuestros asociados dejaron de trabajar expuestos al amianto en el año 2000 o en 2002, cuando finalizó la moratoria solicitada por España antes de aplicar la prohibición total impuesta por la UE. Pero durante 30 o 40 años más de su vida, están en riesgo de que en cualquier momento se desarrolle un cáncer de pulmón o un mesotelioma, que es un cáncer sin tasa de supervivencia. Eso es vivir conteniendo una bomba de relojería instalada en el pecho que puede explotar en cualquier momento. La vida bajo la espada de Damocles. Y esta situación, así como nuestra menor esperanza de vida, debe ser reconocida», han zanjado desde la organización.
