La Fiscalía mantiene la petición de penas para la pareja acusada de asesinar a sus dos hijos, Amiel, de tres años y medio, e Ixchel, de apenas seis meses, en un ritual practicado en una casa de campo de Godella (Valencia) en marzo de 2019: 50 años de cárcel para él e internamiento médico para ella.
El fiscal encargado de esta causa ha elevado así a definitivas su escrito de calificación provisional en una de las últimas sesiones del juicio que se está celebrando ante un jurado popular en la Audiencia de Valencia.
En concreto, el ministerio público pide 50 años de cárcel para Gabriel por dos delitos de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco, mientras que para la mujer, María, solicita una medida de internamiento médico al apreciar la eximente completa de anomalía psíquica.
Fiscalía les solicita, además, en materia de responsabilidad civil, el pago de una indemnización para los abuelos paternos y maternos de 300.000 euros por los daños morales ocasionados.
El resto de las partes tampoco ha modificado sus escritos iniciales. Así, los abogados de los acusados han solicitado la absolución para sus representados al no considerarles responsables de las muertes a golpes de los niños. El padre, Gabriel, culpa a su mujer, mientras que ésta alega un brote psicótico y solo reconoce que los enterró.
Los acusados eran pareja de hecho desde 2011 y, tras vivir en diversos lugares de Europa y España, en torno a los meses de febrero-marzo de 2017 se instalaron en una casa de campo de Godella que ocuparon ilegalmente y arreglaron para hacerla habitable, tal y como mantiene el fiscal.
La vivienda estaba ubicada en una parcela rodeada de terrenos de cultivo y ten a un pequeño jardín y una piscina. Los acusados tuvieron dos hijos en este tiempo, en 2015 y 2018.
La pareja compartía creencias místicas-religiosas y, así, creían en la regresión, en la purificación de las almas mediante baños de agua y en el renacimiento de las almas tras la muerte de los cuerpos. Estas creencias, inicialmente profesadas por el hombre, fueron poco a poco asumidas por su pareja tras la constante reiteración de él –siempre según el mismo relato del ministerio público–.
Ambos acusados tenían y compartían así mismo las ideas consistentes en la existencia de una secta que les perseguía y asediaba, que abusaba sexualmente de su hijo y que tenía la intención de secuestrarlos.
Consideraban que la secta estaba integrada por diferentes personas, incluso por los familiares y amigos de la mujer. Hasta tal extremo estaban convencidos de ello que durante las noches estaban en vigilia para evitar ser atacados por miembros de la secta y que sus hijos fueran secuestrados.
Durante los meses iniciales de 2019, esas creencias e ideas de los acusados se vieron incrementadas fundamentalmente por dos acontecimientos: el hecho de que hubieran sido denunciados por la ocupación ilegal de la vivienda que habitaban; y porque la madre de ella, viendo la actitud, el estado y la conducta de los acusados, estaba continuamente pendiente de ellos por miedo a que les pasara algo a sus nietos.
De este modo, los acusados, impulsados por sus creencias e ideas, tomaron la determinación de que la única forma de proteger a sus hijos del asedio del que eran objeto era, previo un baño purificador de sus almas, terminar con sus vidas y enviarlos al más allá para que posteriormente pudieran revivir.
Así, entre las 22 horas del 13 se marzo de 2019 y las 4 horas del día siguiente, los acusados, actuando de común acuerdo, primero bañaron en la piscina de la casa a los menores para purificarlos y posteriormente les propinaron multitud de violentos golpes, fundamentalmente en la zona de la cabeza, bien con un objeto contundente o bien contra el suelo.
Como consecuencia de la agresión, los niños sufrieron sendos traumatismos craneoencefálicos, con múltiples fracturas craneales y lesiones encefálicas que les provocaron la muerte. Tras ello, enterraron los cuerpos sin vida en diferentes sitios de la parcela donde se ubicaba la vivienda.
LOS FORENSES
En la sesión del juicio de hoy han declarado ante el tribunal los forenses que han examinado a la pareja. Respecto a Gabriel han descartado alguna enfermedad mental y han explicado que puede prestar un testimonio «tanto verdadero como falso» de los hechos: «Ni alucinaciones ni ideas delirantes», han concluido.
Los expertos que también han examinado a la acusada han manifestado que sufre esquizofrenia paranoide, que la droga y su pareja le afectaban a su estado de salud y que siempre ha mantenido un relato coherente de lo que ocurrió la noche en la que murieron los menores.
