El Ararteko (Defensor del pueblo vasco), Manuel Lezertua, ha alertado en el Parlamento Vasco de la «grave vulnerabilidad» que padecen alrededor de 900 jóvenes migrantes de 18 a 23 años que viven en País Vasco sin referentes familiares en una situación «de calle» y con la «ausencia de una respuesta adecuada» por parte de las administraciones públicas.
Lezertua ha comparecido este lunes por vía telemática ante la Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco, a petición de Elkarrekin Podemos-IU, para explicar las conclusiones y recomendaciones del estudio de la Defensoría del Pueblo Vasco-Ararteko ‘Jóvenes migrantes sin referentes familiares en País Vasco’.
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha destacado que este informe analiza la situación de un «colectivo desprotegido» y cree que «se está lejos de garantizar los derechos que tienen como ciudadanos de País Vasco».
En su comparecencia, Lezertua ha informado de que en los últimos años la institución del Ararteko ha recibido quejas que afectan a situaciones de «grave vulnerabilidad», por la edad y «situación de calle» de estas personas jóvenes y por la «ausencia de una respuesta adecuada» por parte de las administraciones públicas.
No obstante, ha aclarado que «no todos los jóvenes migrantes están sin atención» y ha recordado que una parte está participando en procesos de incorporación social «con éxito», acceden a una formación, disponen de alojamiento y pueden renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo.
Sin embargo, ha informado de que «un número significativo de estos jóvenes se queda fuera de estas opciones y sufre situaciones de exclusión social y discriminación con escasas posibilidades de disfrutar de una vida digna, a pesar de su motivación e ilusión por tener un futuro en nuestra sociedad». «La realidad es que estas personas jóvenes viven entre nosotros en una situación de enorme debilidad social», ha señalado.
Según ha explicado, estos jóvenes no disponen de atención o cuidado familiar o comunitario, por lo que acuden a los servicios de urgencia sociales de los municipios, principalmente, de Bilbao, Baracaldo, Vitoria y San Sebastián.
Asimismo, ha informado de que en algunos casos estos jóvenes, al haber llegado siendo menores de edad, han estado en el sistema de protección a la infancia «pero sin que posteriormente haya habido continuidad alguna una vez alcanzada la mayoría de edad».
Lezertua ha explicado que las quejas recibidas planteaban y se siguen recibiendo en estos momentos, situaciones «de calle», o la estancia en un alojamiento durante poco tiempo, o en recursos que no corresponden a sus necesidades, como son los destinados a personas con una trayectoria larga de exclusión y marginación.
También se denuncian rupturas de procesos formativos que se habían iniciado y que no han podido continuarse por no disponer de techo o por tener que acudir al comedor social para alimentarse; imposibilidad de renovar la autorización de residencia, a pesar del esfuerzo comprometido para su obtención; y rechazos y discriminación en el acceso a un alojamiento o a locales y establecimientos, entre otras necesidades sociales.
Otro bloque de quejas afecta a denuncias vecinales, ya que ha explicado que la situación «de calle» de algunos de estos jóvenes «lleva a conductas disruptivas que provocan, lógicamente, malestar social».
PERFIL DE LOS JÓVENES
El estudio recoge que en Euskadi hay alrededor de 900 jóvenes entre 18 y 23 años, la gran mayoría hombres originarios de Marruecos y del África Subsahariana, con una situación administrativa irregular y una baja tasa de empadronamiento.
La mayoría se encuentran en una situación «de calle», sin apoyo familiar o comunitario. De este grupo, la mitad aproximadamente ha estado con anterioridad en un centro residencial de menores en situación de desamparo.
Asimismo, ha destacado que en el estudio subraya su motivación para estudiar y encontrar un trabajo que les permita disfrutar de una vida digna, aunque el problema que relatan con mayor trascendencia es el de la falta de documentación. «Sin pasaporte, padrón y sin una autorización administrativa de residencia no pueden llevar a cabo ningún proyecto vital», ha destacado el ararteko.
En este sentido, ha recordado que la integración en la sociedad vasca exige disponer de una identidad reconocida por las autoridades públicas y presentar determinadas autorizaciones y documentos.
Tras analizar el grado de cobertura de las necesidades de estos jóvenes por parte de las políticas públicas de Euskadi, «sus vacíos y disfunciones», el informe incluye recomendaciones a las administraciones vascas competentes.
TRANSFERENCIA DE AUTORIZACIÓN DE TRABAJO
De esta forma, se destaca que uno de los principales «obstáculos para la emancipación» de estos jóvenes es su condición de extranjero y el Ararteko recomienda «profundizar en la interlocución y coordinación» con la Administración General del Estado y solicita al Gobierno Vasco impulsar la transferencia a Euskadi de la autorización administrativa de trabajo.
También plantea promover la coordinación con la Administración General del Estado para facilitar la obtención y renovación de la autorización administrativa de residencia y trabajo y, que se establezca una «línea de coordinación estable» con las subdelegaciones de gobierno para apoyar el proceso de documentación de estos jóvenes.
Además, plantea que esta interlocución con la Administración General del Estado se encamine a impulsar programas de inserción sociolaboral que prevean el acceso a la autorización administrativa para trabajar.
El Ararteko recomienda también al Gobierno Vasco que elabore, en el marco de las políticas de apoyo a la juventud vasca en sus procesos de emancipación, una estrategia integral destinada a estos jóvenes migrantes, ya que encuentran «algunos obstáculos añadidos» relacionados con su condición de persona extranjera no comunitaria y por carecer de familia en el territorio.
Lezertua ha explicado que recomiendan a las administraciones el desarrollo de un programa, liderado por el Gobierno Vasco, que atienda a las necesidades de estos jóvenes «de manera holística, no únicamente desde los servicios sociales» que tome en consideración «todas las dimensiones vitales» de cada individuo, dando una respuesta «personalizada y de marcado carácter educativo».
También se hace un llamamiento a la Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco para que amplíe el parque de viviendas dotacionales a disposición de ayuntamientos, diputaciones forales y entidades sociales para que, previa justificación de necesidad e idoneidad de la propuesta, ofrezcan una respuesta habitacional digna a estas personas jóvenes.
Al Departamento de Educación del Gobierno Vasco se le recomienda «ampliar y flexibilizar» la oferta de clases de castellano, «de capital importancia para el aprovechamiento de las formaciones y cualificaciones laborales y para el acceso al empleo, además de por sus efectos en la convivencia y en la cohesión social».
