Los doce empleados de Podemos que formaron parte de su equipo de campaña para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 han testificado este viernes ante el juez Juan José Escalonilla que trabajaron físicamente junto a personal de Neurona en el local de la calle Maudes de Madrid que les sirvió de cuartel general, uno de los puntos clave de esta causa, en la que se investiga la presunta financiación ilegal de la formación ‘morada’.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha escuchado a esta docena de testigos a propuesta del propio partido, que consideró que podrían «ofrecer el testimonio directo de la experiencia del trabajo llevado a cabo por Neurona», confiando en dar así «un decidido impulso al esclarecimiento de los hechos».
Según fuentes presentes en esta ronda de comparecencias, los doce testigos, que integraban los equipos de prensa, audiovisual y redes sociales, han afirmado que trabajaron junto a personal que venía de parte de Neurona en el local de Maudes, identificando a algunos con nombres y apellidos y en imágenes, y han explicado las funciones que los empleados de la consultora política realizaron en el ámbito de las competencias de cada equipo.
De acuerdo con el abogado de Podemos Raúl Maíllo, los doce han contado al juez que «colaboraron con la gente de Neurona, que vieron físicamente a los trabajadores de Neurona, que vieron cómo realizaban los productos, que validaron los productos y que se sirvieron de los productos».
«Aquí todo el mundo ha visto cómo se desarrolló el trabajo, qué trabajos se desarrollaban y cómo han confirmado que, además, estaban esas personas, que las han visto físicamente, de carne y hueso, en la sede de Maudes», ha recalcado Maíllo, en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.
En consecuencia, cree que con estas testificales debería quedar zanjada la investigación judicial, que se centra en el contrato de 363.000 euros entre Podemos y Neurona para las generales de 2019. Escalonilla sospecha que pudo ser un contrato simulado para desviar dinero de las cuentas ‘moradas’, por lo que la actividad indagatoria se centra en dilucidar si la empresa hizo realmente el trabajo para el que fue contratada.
QUIÉN HACÍA QUÉ
Sin embargo, la abogada de Vox, Marta Castro, ha observado «contradicciones» entre los distintos testigos porque, si bien han identificado a gente de Neurona, no habrían sabido detallar «qué trabajos hicieron uno y otro». «Creemos que sigue existiendo esa duplicidad de trabajos», ha dicho a los medios de comunicación, abogando por continuar con las pesquisas.
Para Castro, resulta «muy relevante» conocer de qué tarea se encargó cada cual, puesto que, según ha recordado, Neurona Comunidad –filial española de la mexicana Neurona Consulting– no tenía empleados propios. Subcontrató a una segunda empresa mexicana, Creative Advice, para que fuera quien realizara el trabajo contratado por la organización política.
Así, la vicesecretaria jurídica de Vox ha subrayado la necesidad de «analizar cuál era la competencia de cada uno y cuál era también su puesto y su relación laboral con Podemos». «Ese es el nudo gordiano de la cuestión, que tendremos que seguir investigando», ha sostenido.
Maíllo, por su parte, ha defendido que no hay contradicción ninguna, argumentando que «la gente de Neurona tenía variadas actividades» y que cada testigo ha descrito «la parte que conocía». «A lo mejor alguien dice: ‘No sé si hacía carteles o no’. Eso no es entrar en contradicciones, eso es que yo me dedico a los vídeos de segmentación y, por tanto, no hago cartelería», ha ilustrado.
EL CASO ‘NEURONA’
El núcleo de la causa es el contrato entre Neurona y Podemos, pero el caso partió de una denuncia formulada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en la que llamó la atención sobre otros hechos. En este tiempo, el instructor ha archivado las pesquisas relativas a los contratos electorales con ABD, a las obras de reforma de la nueva sede y al supuesto acceso no consentido a un ordenador de la abogada del partido Marta Flor.
El juez también acordó el sobreseimiento provisional de las donaciones de la Caja de Solidaridad de Podemos y de los sobresueldos que habrían cobrado la gerente y el tesorero del partido, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, entre otros cargos, pero ha reabierto ambas investigaciones, en el primer caso por orden de la Audiencia de Madrid en respuesta a recursos de las acusaciones populares de Vox y Pro Lege, y en el segundo enmendando su decisión inicial a petición de Vox.
Además, a raíz de un escrito presentado por la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, Escalonilla ha acordado abrir procedimientos independientes sobre los nuevos hechos denunciados por ésta, entre ellos el supuesto uso de una empleada del partido y ahora asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de los hijos de la ministra, Irene Montero. El Juzgado de Instrucción Número 46 ya investiga este asunto.
