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El Gobierno prevé invertir 3.500 millones de los fondos europeos en servicios sociales

El Gobierno central prevé invertir 3.500 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación para Europa de la UE en diversas líneas de ayuda para los servicios sociales en España a lo largo de tres años, 1.000 millones de los cuales este mismo 2021.

Así lo ha indicado este miércoles en el Fòrum Social Pere Tarrés el Secretario de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ignacio Álvarez Peralta, que ha recordado que «otros gobiernos europeos no han adoptado» esta decisión.

«La pandemia nos ha situado en un escenario económico y social muy delicado que está produciendo un enorme sufrimiento a muchas familias, pero al mismo tiempo tenemos la oportunidad de utilizar estos fondos para cambiar el modelo económico y social», ha afirmado Álvarez.

A España le corresponden unos 140.000 millones del fondo europeo, de los cuales casi 70.000 millones se desembolsarán como transferencias a fondo perdido, y la mayoría se destinarán a la Transición Ecológica y a la Transformación Digital, tal como marca la UE.

Del presupuesto restante, al menos 3.500 millones –algo más del 4%– se destinará a servicios sociales, y al menos el 80% se transferirá a las Comunidades Autónomas, que son la autoridad competente en la materia, y se ejecutará de la mano de las entidades del Tercer Sector, según Álvarez.

TRES VÍAS DE INVERSIÓN

La estrategia del Gobierno para con los fondos europeos prevé tres vías de inversión, en respuesta a tres grandes objetivos: avanzar en la desinstucionalización de los cuidados de larga duración, modernizar los servicios sociales, y mejorar la accesibilidad en entornos urbanos y rurales; el llamado «Plan España, país accesible».

Paralelamente, Álvarez ha indicado que el Gobierno se plantea tres grandes reformas normativas «desde el respeto escrupuloso a las competencias de la Comunidades Autónomas»: una ley de servicios sociales que establezca un suelo de gasto común en todo el país, una ley de diversidad familiar, y una estrategia para alcanzar un cambio en los cuidados de larga duración.

«Los países de nuestro entorno invierten el 1,5% de su PIB en cuidados de larga duración, mientras que nosotros la mitad. Es clave reforzar este ámbito», ha añadido el Secretario de Estado, que ha indicado que uno de los principales objetivos será mejorar las condiciones laborales de los cuidadores –en su mayoría mujeres, ha recordado– y avanzar en su profesionalización.

MÁS ALLÁ DE LOS FONDOS

Todas estas inversiones procedentes de los fondos europeos –ha dicho el Secretario de Estado– se prevén más allá de las que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021, y se desarrollarán en paralelo a dos estrategias más del Gobierno central, en el ámbito de los servicios sociales.

Se trata, en primer lugar, de «un refuerzo de la financiación de los servicios públicos» en los propios PGE, que supondrá un aumento de la inversión del 150%, según Álvarez, además de un aumento del 5% del IPREM, el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos.

En segundo lugar, se prevé un plan de choque de ayudas a la dependencia con tres objetivos principales: reducir las listas de espera, «asegurar que las condiciones laborales que las personas que trabajan en este ámbito son adecuadas», e introducir mejoras en los servicios.

A modo de ejemplo de este último objetivo, Álvarez ha indicado que se apostará por la figura del asistente personal, y ha avanzado también que «a finales de 2022, todas las personas dependientes que vivan en su casa tendrán acceso a un servicio de teleasistencia».