En la mañana del lunes, el FC Barcelona se encontró con un 'tsunami' que salpica de lleno a la anterior directiva. Y es que se realizó un registro policial, el segundo en pocos días. Los protagonistas fueron los Mossos d'Esquadra, que se personaron sobre las oficinas de la entidad culé. El hecho es que se llevaron a Josep María Bartomeu, ex presidente, como detenido. Junto a él también aparecen Òscar Grau y Roman Gomez Ponti en relación a la investigación del caso 'Barçagate'.
Así, la actuación judicial coincide con el inicio de la última semana de la carrera electoral que culminará el próximo 7 de marzo con las elecciones a la presidencia. El proceso de elecciones se abrió a finales de octubre de 2021 cuando Bartomeu decidió dimitir para frenar la moción de censura en su contra. Todos ellos, detenidos por los Mossos, tendrán que declarar por el 'Barçagate'. ¿El motivo? Un grupo de socios denunció a la Junta directiva del club azulgrana por administración desleal. Lo conocemos.
6La evasión de mecanismos y procedimientos de contratación internos del club
Emili Rousaud, uno de los directivos dimitidos, declaró que la auditoría de PwC puso de manifiesto "la evasión de mecanismos y procedimientos de contratación internos del club". Hizo referencia a la división del contrato “en importes inferiores a 200.000 euros, hecho que impidió los controles internos del club que garantizan que las contrataciones se hacen sobre objetos lícitos”.
Dos meses después se producía una dimisión en bloque. El vicepresidente, Emili Rousaud, escribió una carta a Bartomeu, publicada por La Vanguardia, en la que criticaba la tibieza a la hora de atajar las acusaciones, y solicitaba la "difusión íntegra del informe así como las determinaciones de la Junta en consecuencia". Esto provocó la salida del también vicepresidente Enrique Tombas y de otros directivos como Josep Pont, María Teixidor, Silvio Elías, y Jordi Calsamiglia.
En junio, Noelia Romero es suspendida de empleo y sueldo acusada de emitir un informe falso. En un comunicado, Romero se defendía diciendo lo siguiente: "La función de compliance se encarga de alertar a la junta directiva, órgano del que depende jerárquicamente, de potenciales incumplimientos de las normas por parte de directivos y empleados, tratándose de una función que debe gozar de suficiente independencia para ello".
La denuncia de Dignitat Blaugrana fue admitida el 17 de junio de 2020 por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por un presunto delito de administración desleal y/o corrupción entre particulares.
