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El Gobierno se compromete a crear los puestos de trabajo perdidos por el cierre de central térmica

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha trasladado el compromiso del Gobierno para crear «al menos» el mismo número de puestos de trabajo perdidos como consecuencia del cierre de la central térmica de Andorra. Junto con el fin de las últimas explotaciones mineras en la zona en Ariño, Foz, Calanda y Estercuel, el Ejecutivo estima que los empleos potencialmente afectados son 504.

Así lo ha trasladado Ribera en respuesta a una interpelación del senador de ¡Teruel Existe!, Joaquín Vicente Egea Serrano, sobre la necesidad de llevar a cabo una transición justa y real para las comarcas del norte de Teruel afectadas por el cierre de la central térmica de Andorra.

Ribera ha reconocido que el fin de una actividad clave en una comarca siempre «implica procesos complejos y resulta emocionalmente duro», al tiempo que ha defendido que están trabajando «intensamente» por una transición justa, «diversificando, dinamizando y restaurando las economías de Andorra y las regiones mineras».

Por el momento, ha avanzado que las líneas de ayuda aprobadas y «las que están por aprobar» están trabajando «codo con codo» con 99 propuestas de proyectos que empresas, ciudadanos, organizaciones sindicales, asociaciones y organizaciones de toda índole han propuesto para reactivar el territorio turolense, Andorra y la comarca de Arcos.

En este sentido, ha explicado que el proceso de elaboración del convenio de transición justa que se han planteado es «innovador, es complejo, requiere participación, transparencia, compromiso, responsabilidad». Además, ha detallado que es un documento de acciones que, en el momento de su firma, «recogerá los proyectos identificados como dinamizadores de actividad económica, los apoyos y las líneas de financiación específicas para cada una de las iniciativas».

En concreto, ha avanzado que, hasta la fecha, las ayudas que ya se han concedido en la zona del convenio que incluye a 34 municipios suponen 43,3 millones de euros y una creación estimada de 294 puestos de trabajo.

TERUEL EXISTE DENUNCIA QUE «LOS AFECTADOS SIGUEN ESPERANDO»

Por su parte, Egea le ha reprochado que si bien en 2012 se anunció el cierre de la central que se haría efectivo en 2018, en su visita a Andorra en diciembre de ese año, «aseguró que no autorizaría el cierre de la térmica sin un plan que garantizase que nadie se quedaba atrás», mientras que «los afectados siguen esperando, dos años después, promesas que nunca llegaron».

También ha trasladado a la ministra que, bajo su punto de vista, la transición justa no debe conformarse con recolocar a los trabajadores directamente afectados por el cierre de la central, sino que debe ayudar a modificar y diversificar el modelo productivo de todas las comarcas que están afectadas por su cierre.

Por todo ello, además de mencionar lo que supone en materia de despoblación, Egea ha pedido a Ribera que el Gobierno ponga «toda la carne en el asador para permitir que haya un futuro para sus habitantes».