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Un juzgado de Madrid investiga a la directora de una residencia por no derivar enfermos

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid interrogará este viernes en calidad de investigada a la directora de una residencia pública por la muerte de una paciente el pasado 27 de marzo por coronavirus después de que no fuera derivada a un hospital.

Se trata de la directora de la Gran Residencia en Carabanchel, quien declarará por la presunta comisión de un delito de homicidio. También prestará declaración un médico del mismo centro de mayores pero en calidad de testigo.

La comparecencia tendrá lugar después de que esta semana haya arrancado con las declaraciones de los afectados la causa por otra querella similar de Marea de Residencias por la gestión en seis geriátricos de la región.

El procedimiento judicial que lleva el Juzgado de Instrucción número 50 tiene su origen en una querella presentada por la hija de la fallecida a través de Mareas de Residencias, que agrupa a familiares de víctimas del Covid en residencias madrileñas.

La querella de Marea se dirige contra los directores de residencias y contra los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El colectivo quiere que la Justicia investigue los protocolos de actuación que se siguieron en las residencias en la primera ola de la pandemia, así como los criterios de derivación a los hospitales.

El juez acordó la citación “para averiguar y hacer constar la perpetración del delito, las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de las personas responsables, asegurando su disponibilidad a resultas de esta causas y las responsabilidades pecuniarias que se deriven”.

Así, el instructor de las diligencias recalca que los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo, en pleno pico de la primera ola de la pandemia, “revisten caracteres de presunto delito de homicidio”.

El pasado noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que se reabriera otra de las causas iniciadas a instancias de Mareas de Residencias contra Ayuso, y Enrique Escudero por presuntas negligencias en la gestión de la primera fase de la pandemia en cuatro residencias de la localidad madrileña de Leganés.

La querella iba dirigida contra Ayuso, cuatro directores de residencias de Leganés y Escudero. Se formuló por delitos de homicidio imprudentes, lesiones, omisión del deber de socorro, trato degradante y prevaricación.