Una representación de la vecindad del Sector 5 de la Cañada Real, acompañados por el letrado de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), ha interpuesto este martes una denuncia ante la Fiscalía Provincial para que investigue los cortes de luz que se vienen produciendo desde hace tres meses por si pudieran incurrir en delito penal, interrupción en el suministro que los vecinos identifican con «un plan intencionado».
Apuntan a «un plan intencionado» para expulsarles de sus viviendas, ubicadas en lo que serán los desarrollos urbanísticos de Ahijones, Valdecarros y Berrocales. «Nuestro problema no se debe a una sobrecarga sino a una reducción de potencia por parte de Naturgy, bien por orden o autorización de las administraciones», recoge un manifiesto que ha leído una representante vecinal a las puertas de la Fiscalía.
El letrado de la FRAVM, Raúl Maíllo, ha resaltado que resulta sorprendente que los cortes en el suministro «se están produciendo especialmente desde que la Cañada ha sido separada tanto de las vías circundantes como de las gasolineras accesorias». «Resulta sorprendente que retiren necesidades de suministro y se estén produciendo mayores cortes», razones por las que piden a la Fiscalía que investigue.
«Es una exigencia jurídica y legal del cumplimiento del Pacto por la Cañada que continúe el mantenimiento y la obligación del suministro», ha remarcado el letrado. Cifran en 4.000 las personas afectadas por los cortes de luz, 1.800 menores.
Además la representante de la vecindad de Cañada ha exigido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, «una rectificación pública sobre la criminalización que hizo en el Pleno de la Asamblea» y tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos firmantes del Pacto «que lo cumplan, que lo lean y que atiendan al anexo 3, que explicita la garantía de suministros básicos para las personas que viven en Cañada».
