Un informe del Foro Social Permanente que recoge las reflexiones de siete víctimas de ETA sobre el terrorismo y la memoria constata el rechazo de estas personas a los recibimientos públicos a expresos de la banda, aunque también la demanda de algunas de ellas para que se proceda a una «normalización» de la política penitenciaria aplicada a estos reclusos.
El informe, que recoge las aportaciones realizadas por siete víctimas de ETA en un encuentro celebrado el pasado mes de septiembre en San Sebastián, han sido entregado este miércoles por el Foro Social Permanente a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.
Las personas que participaron en aquel encuentro, y cuyas reflexiones se recogen en el informe son Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, concejal del PSE en Lasarte-Oria asesinado en 2001; Iñaki García, hijo de Juan Manuel García, delegado de Telefónica en Gipuzkoa y asesinado en 1980; María Jauregi, hija de Juan María Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa (PSE) asesinado en 2000; Gorka Landaburu, periodista que sufrió un atentado en 2001; Maixabel Lasa, viuda de Juan María Jauregi, gobernador civil de Gipuzkoa (PSE) asesinado en 2000; Alberto Muñagorri, herido de gravedad por una bomba en 1982; y Naiara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, concejal del PP en Errenteria asesinado en 1998.
Tras la entrega del informe a la presidenta del Parlamento, el portavoz del Foro Social Permanente Tasio Arrizabalaga ha repasado algunas de las reflexiones planteadas por estas victimas en la jornada celebrada el pasado 11 de septiembre en la capital guipuzcoana.
De esa forma, ha explicado que aunque estas personas valoraron positivamente la actual situación que vive el País Vasco tras la desaparición de ETA, lamentaron que «la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias ha dejado de ser prioritario para la mayoría de la sociedad vasca».
«MEMORIA INCLUSIVA»
Además, ha asegurado que «todas» las víctimas que participaron en el encuentro coincidieron en que todavía quedan trabajos pendientes, como la construcción de «una memoria inclusiva que reconozca todas las violaciones de derechos humanos», que se garantice el reconocimiento a todas las personas que han sufrido violencia, tanto las que la han padecido por parte «del Estado», como las víctimas de ETA «que faltan» por reconocer.
Otra de las conclusiones extraídas de aquella jornada es la consideración de que es necesario «normalizar» la política penitenciaria actual y esclarecer los casos de violencia o terrorismo por parte de ETA «y también del Estado» que aún quedan pendientes de resolver.
Las víctimas –según señala el Foro Social– también destacaron la importancia de hacer «autocrítica», y de que «cada uno reconozca lo que ha hecho». Asimismo, defendieron la deslegitimación de la violencia «como herramienta de construcción de la convivencia futura».
Por otra parte, mostraron su preocupación ante el peligro de que la sociedad «pase página y olvide lo que ha pasado». Asimismo, entre las reflexiones planteadas por Maixabel Lasa se encuentra una crítica a algunas asociaciones de víctimas del terrorismo «por excederse en sus funciones de trabajar en la defensa de los derechos de las victimas».
Las víctimas de ETA cuyas aportaciones se recogen en el documento expresaron su «contrariedad» ante los recibimientos públicos que se ofrecen a expresos de ETA, dado que suponen una «revictimización» para los damnificados por la banda.
También se constata el descontento de estas personas ante la «falta de atención» a las víctimas por parte de las instituciones. Asimismo, en el informe se recoge la advertencia de que «no se puede comparar a quien ha ejercido o alentado la violencia con quien la ha sufrido».
