El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha informado a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la situación de desamparo que sufren menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad.
Así consta en el escrito, con fecha 6 de noviembre, en el que el Defensor responde a las quejas presentadas por la Campaña por el Cierre de los CIEs.
En concreto, en el texto, donde informa de la admisión a trámite de una de las 10 quejas presentadas, el Defensor analiza el fondo del problema y recuerda una nota interna del ministerio público de 2019 en la que se promovía la obligación de supervisar el cumplimiento por las Entidades Públicas de Protección de Menores de su deber de instar ante la autoridad gubernativa la documentación de los menores extranjeros no acompañados y la agilización de los trámites correspondientes.
Por este motivo, tras resumir las pautas de actuación que las fiscalías deberían seguir ante estas situaciones, ha decidido poner en conocimiento de la Fiscalía General la situación en la Comunitat Valenciana.
De esta manera, ha apuntado la Campaña por el Cierre de los CIEs, que el Defensor «no sólo da traslado de las irregularidades cometidas con estos jóvenes, sino que también pone de manifiesto el incumplimiento de la propia Fiscalía de su obligación de supervisar el funcionamiento de la Conselleria de Igualdad, competente en la protección de menores».
El acompañamiento a estos jóvenes por parte de la Campaña CIEs No comenzó a principios de este año, al detectar en el lapso de pocas semanas la presencia de hasta siete menores de edad privados de libertad en Zapadores, ha explicado la organización. Cinco de ellos consiguieron demostrar su minoría de edad, mientras que los otros dos no fueron reconocidos como menores de edad porque su documentación no fue aceptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de València en funciones de control del CIE, aunque finalmente fueron puestos en libertad por la imposibilidad de que fueran deportados.
Los cinco chicos menores fueron trasladados a diferentes centros de protección en la Comunitat Valenciana, gestionados por la conselleria. Pasados pocos meses y cuando todavía seguía vigente el Estado de Alarma, uno de los chicos volvió a contactar con la Campaña CIEs NO para comunicar que había alcanzado los 18 años y había tenido que abandonar el centro en el que se encontraba sin que se le hubiera tramitado el permiso de residencia ni se le hubiera solicitado un recurso habitacional: estaba en situación de calle y de irregularidad administrativa, han advertido.
El joven relató conocer a varios chicos que habían quedado en situación de calle al cumplir la mayoría de edad. No se les había realizado la solicitud para participar en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana o ésta les había sido tramitada, pero habían quedado en lista de espera por la ausencia de plazas disponibles.
Además, a la mayoría de los chicos no se les había tramitado la autorización de residencia. Por tanto, después de haber llegado a España siendo menores de edad y estar un tiempo tutelados por el sistema de protección de menores, «quedaban en situación de calle y en situación de irregularidad administrativa», han insistido desde la CIEs NO.
La campaña ha podido contactar con 12 de ellos que han denunciado su situación ante el Defensor del Pueblo. Diez de ellos habían sido tutelados por la Comunitat Valenciana y otros dos habían llegado a València después de haber estado tutelados en otra comunidad autónoma.
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite las quejas y ha iniciado actuaciones con la Conselleria de Igualdad, con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Menores de Valencia.
La decisión de trasladar la causa a la Fiscalía obedece «a la cantidad de menores tutelados por la Comunitat Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho, lo que dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes», ha enumerado el Defensor.
La Campaña CIEs NO ha exigido a las administraciones implicadas en el asunto que «de manera urgente» adopten las medidas necesarias para que todos los interesados puedan acceder tanto a la documentación a la que tienen derecho como a una plaza en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunidad Valenciana y que, asimismo, se adopten las medidas necesarias para que ningún otro menor acceda a la mayoría de edad sin que se le tramite el permiso de residencia y un recurso de emancipación
