La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Predif) trasladó este martes «su preocupación» al Ministerio de Trabajo por el recorte de recursos para políticas activas de empleo que son «fondos destinados a la inserción laboral de colectivos vulnerables».
Según explicó, el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de Marzo, sobre medidas urrgentes sociales y económicas para hacer frente a la crisis del coronavirus, permite que los ingresos derivados de las cotizaciones por Formación Profesional -dentro de las Políticas Activas de Empleo- «puedan utilizarse para financiar cualquiera de las prestaciones por desempleo del Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE)».
A su juicio, esto supone en la práctica «un amplio recorte de la partida de políticas activas de ocupación de las comunidades autónomas».
Estos fondos se destinaban a las subvenciones para la contratación y la inserción laboral de colectivos vulnerables», como «personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia y otras personas en situación de exclusión social».
También servían para financiar «los centros especiales de empleo de personas con discapacidad», ya que tanto el empleo protegido como las políticas de inclusión positiva forman parte de las políticas activas de empleo.
Según Predif, “entendemos que la financiación de las prestaciones de desempleo es un tema prioritario y tiene carácter de emergencia». Sin embargo, estos colectivos también necesitan, ahora más que nunca, apoyo para permanecer, acceder o reingresar al mundo laboral». Por ello, reclaman que «no se reduzca su presupuesto”.
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