El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres (FCM) han pedido que la estrategia de la Unión Europea de derechos de las víctimas que se está elaborando para el período 2020-2024 tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, con especial atención a las mujeres y niñas.
Así lo han puesto de manifiesto el Cermi y la FCM durante la fase de consulta pública abierta por la Comisión Europea para que la sociedad civil pueda trasladar sus aportaciones y enriquecer el texto de la Unión Europea, que servirá para reforzar la protección de los derechos de las víctimas de diferentes delitos en la UE.
“Las personas con discapacidad enfrentan dificultades para denunciar delitos, acceder a medidas y servicios de apoyo y ejercer sus derechos a un proceso penal y apoyo en todo momento. Las barreras físicas y/o de comunicación hacen que los delitos sean difíciles de denunciar, y los mitos y estereotipos impiden que las personas con discapacidad sean consideradas creíbles por la policía y el sistema de justicia penal”, explican Cermi y la FCM, que añaden que “las personas con discapacidad a menudo desconocen los recursos legales disponibles o temen la estigmatización y la victimización”.
De esta forma, estas dos entidades lamentan que, en muchas ocasiones, los recursos de atención a víctimas no estén adaptados para que puedan ser utilizados en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad, así como las diferentes fases de los procesos judiciales, por carencias graves de accesibilidad universal.
Esta situación, según denuncian, afecta de manera más intensa a las mujeres con discapacidad, ya que corren un mayor riesgo de sufrir delitos y están más expuestas a la violencia machista y a las diferentes formas de abusos.
Por todo ello, y para que la futura estrategia para los próximos cuatro años sea efectiva también para la protección de los derechos de los hombres y mujeres con discapacidad, el Cermi y la FCM reclaman que en el diseño de este texto se cuente en todo momento con las organizaciones sociales de la discapacidad en general, y de las mujeres con discapacidad, en particular.
Plantean también fortalecer su base jurídica al referirse y alinearse con los derechos consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y otros instrumentos internacionales clave .
Por último, urgen a que la estrategia recoja que las víctimas con discapacidad cuenten con garantías de accesibilidad en todo momento y que puedan participar en todas las fases judiciales; proporcionar una formación adecuada a profesionales sobre discapacidad; sancionar la vulneración de derechos de las víctimas, incluidas las que tienen discapacidad, y recabar datos desglosados incluyendo la variable de víctimas con discapacidad.
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