El Pleno aprobó el 4 de febrero una moción del grupo nacionalista con los votos favorables del PP y Ciudadanos para aclarar los hechos acontecidos en Madrid entre Delcy Rodríguez, y el ministro español, José Luis Ábalos
El grupo nacionalista Coalición Canaria-PNC del Cabildo de Tenerife solicita que el presidente de Corporación insular, Pedro Martín, formalice la invitación al presidente de Venezuela, Juan Guaidó, para que visite la Isla en 2020 y cumpla, de esta forma, con lo acordado en el Pleno del Cabildo. El grupo nacionalista recuerda que el pasado 4 de febrero presentó una moción que fue aprobada por el Partido Popular y Ciudadanos para que Guaidó mantenga un encuentro con la comunidad hispanovezolana en la Isla.
CC-PNC señala que “seguimos a diario la situación de los canarios que viven en Venezuela y mantenemos nuestra preocupación porque, lejos de resolver, se agrava. El éxodo se sigue produciendo y la comunidad venezolana que vive en Tenerife, que cada vez es mayor, también nos transmite que se siguen vulnerando los derechos fundamentales. Queremos que Juan Guaidó visite Tenerife para que explique de primera mano cómo está la situación y también para mostrarle nuestro apoyo”.
De igual forma, CC-PNC señala que la moción aprobada en el Pleno del Cabildo solicita que se aclare lo sucedido el 20 de enero en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid entre el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez. En ese sentido, recuerda que Rodríguez una persona con un amplio historial de atentado contra las libertades del pueblo venezolano que tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen desde junio de 2018 como cómplice de la represión.
CC-PNC indica que las últimas informaciones aparecidas señalan que un juez ha ordenado guardar las cintas del encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos porque ve indicios de delito. “Exigimos que haya transparencia y que el Gobierno de España aclare lo sucedido y que, en su caso, se depuren las responsabilidades jurídicas y políticas. No hay nadie por encima de la ley y todas las personas deben cumplir las normas y, en caso de no hacerlo, afrontar sus consecuencias”.