El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está decidido a «impugnar» las resoluciones a favor de la independencia y la desobediencia del Estado que aprobó ayer el Parlamento de Cataluña, al considerar que pueden ser motivo para «actuar jurídicamente» ante el Tribunal Constitucional.
Fuentes gubernamentales indicaron a Servimedia que la impugnación se hará en el Tribunal Constitucional, una vez que el contenido de las resoluciones esté publicado en el boletín oficial de la cámara autonómica y que los servicios jurídicos del Estado analicen los aspectos concretos que vulneran la legislación vigente.
El Ejecutivo del PSOE ha adoptado esta decisión después de la controvertida sesión vivida en la tarde del jueves en el Parlamento catalán, donde los partidos separatistas aprobaron varias resoluciones en defensa de la secesión del resto de España y donde se expulsó al presidente del Grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa.
La cámara autonómica vivió una tensa sesión al coincidir con la decisión de la Audiencia Nacional de enviar a prisión a los siete integrantes de los CDR detenidos el pasado lunes por tenencia de material para fabricar explosivos, a los que se acusa de preparar acciones terroristas.
Además, los diputados secesionistas protestaron ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo contra los exdirigentes de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña procesados por el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia del resto de España.
El Gobierno de Sánchez tomó nota rápidamente de lo sucedido y en apenas tres horas comunicó oficialmente que ya ha adoptado la «decisión política» de actuar jurídicamente para «impugnar» las resoluciones, aunque dio a entender que no lo hará en el Consejo de Ministros de este mismo viernes porque el «trámite» correspondiente requiere su tiempo.
Las fuentes consultadas por Servimedia precisaron que la impugnación se producirá en cualquier caso ante el Tribunal Constitucional, aunque primero hay que estudiar el contenido de las resoluciones desde la Abogacía del Estado para decidir si se actúa contra todas ellas o únicamente contra partes de algunas de ellas.
Las resoluciones que está estudiando el Gobierno de Sánchez para su impugnación hacen referenc¡a al compromiso de la cámara autonómica a dar una respuesta institucional a la sentencia del Supremo contra los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, a la petición para que promueva una amnistía a los políticos que sean condenados, así como impulsar la autodeterminación, entre otras iniciativas contra el resto de España.
(SERVIMEDIA)
